En medio de la definición sobre las firmas que aún faltaban para destrabar el dictamen de la Ley Bases y el paquete fiscal, L os presidentes de los bloques enviaron una nota a la presidencia del cuerpo para pedir que se retrotraiga el aumento conocido esa misma mañana de 9% (2% retroactivo a abril y 7% de mayo) y que causó, una vez más, el rechazo de la sociedad.
El problema es que Victoria Villarruel, presidenta del Senado, no tiene las facultades para tomar esa decisión y los legisladores tendrán que votarlo en el recinto, tal como sucedió en abril pasado con el tan polémico aumento aprobado a mano alzada.
Mientras que no armen un proyecto, se convoque a una sesión y se apruebe una modificación en este sentido, los senadores cobrarán $7,8 millones ya que los ingresos están atados a las paritarias de los legislativos. Las dietas a percibir a principios de junio, correspondientes a mayo, serán entonces de casi 8 millones de pesos.
El proyecto de resolución votado el 18 de abril a mano alzada y sin debate dice en su artículo primero: «El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos de conformidad con las previsiones de la Ley N° 24.600». Esto significa que cuando se aprobó el aumento en el recinto, se sostuvo el enganche con los salarios de los trabajadores del Senado.
Eso choca con lo que manifiestaron en la nota presentada el miércoles por la noche: “Con fecha 18/04/24 se aprobó en el recinto el Proyecto de Resolución 615/24 a través del cual se estableció una modificación de las dietas a percibir por parte de los Sres. Senadores y Senadoras Nacionales a partir del mes de mayo; expresando claramente que en esta oportunidad no se modifique la dieta establecida mediante el régimen antes mencionado, hasta tanto se determine un nuevo sistema de liquidación en función de los varios proyectos que se encuentran pendientes de tratamiento en relación a este asunto”.
Cierto es que a partir de la discusión pública respecto del tema, se han presentado varias iniciativas para resolver las variables a tener en cuenta para calcular las dietas de los legisladores. Uno de ellos es el del Senador José Mayans (Unión por la Patria-Formosa) que ya en marzo planteaba en una iniciativa que se fije un “tope máximo a la percepción de haberes de las autoridades superiores de los tres (3) poderes del Estado”. En el caso de las remuneraciones del Presidente, del vicepresidente, de los jueces de la Corte Suprema, de los diputados, de los senadores, entre otros, no supere los veinte (20) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
El radical Martín Lousteau presentó una iniciativa en los últimos días para que “la dieta de los senadores se equipare a lo mismo que gana un director de escuela primaria”. Y también establece un descuento para los legisladores que falten a las sesiones o reuniones de comisión.
Como estas iniciativas, hay muchas otras, sin embargo el tema sigue sin resolverse y genera polémica cada vez que hay algún aumento. En un contexto de alta inflación, recesión y crisis económica, no caen del todo bien los aumentos a los políticos.
El dietazo comenzó en marzo con la resolución conjunta firmada por Martín Menem y Victoria Villaruel que concretaba el 30% de aumento por el enganche con los empleados legislativos y que, “por expreso pedido del presidente” -según explicaban fuentes cercanas a la vicepresidenta- dieron marcha atrás.
Este fue el paso previo a la polémica sesión de abril en la Cámara alta y del congelamiento de los haberes en Diputados. En la Cámara presidida por Martín Menem crece el malestar suscitado por la brecha salarial entre ambas cámaras que se incrementa mes a mes. El riojano había prometido que en abril revisaría el congelamiento y aún no hubo novedades al respecto. Los diputados del interior del país explican que no pueden solventar los viajes y estadía en CABA.
Deja tu comentario!