Por iniciativa de Hacemos Coalición Federal (HCF), la Cámara de Diputados incorporó al proyecto de la Ley Bases que obtuvo media sanción este martes, el capítulo sobre impuestos internos referido al tabaco. Con 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones, se logró finalmente incluir el texto que había sido retirado en una primera instancia debido a las presiones ejercidas por el controvertido empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí y conocido como «Señor Tabaco», quien pretende seguir pagando menos impuestos que sus competidoras.
De esta manera, la tabacalera Sarandí, que domina el 33% de mercado y que se beneficiaba por ofrecer cigarrillos a menor precio producto de las ventajas impositivas de las que gozaba, volverá a pagar la alícuota del 73% de los impuestos internos al tabaco (actualmente paga el 70%), en caso de que el Senado confirme estos cambios.
El capítulo estaba incluido en la primera versión de la Ley Ómnibus que se trató en el verano, pero luego fue extraído de la versión actual. Esta tarde se reincorporó sobre el final de la votación de la Ley Bases a pedido de Juan Manuel López, en representación de HCF y algunos diputados radicales que lo incorporaron en sus dictámenes.
Diversos sectores denunciaron que se había eliminado del proyecto porque el oficialismo cedió frente al lobby del «Señor Tabaco», en alusión al empresario Pablo Otero, dueño de Tabacalera Sarandí, quien mantiene un amparo judicial contra el impuesto mínimo al cigarrillo que le permite pagar menos que sus competidoras.
En base a esas prácticas, la empresa logró dominar prácticamente un 33% del mercado de cigarrillos e incluso cuando regía un cierre total de importaciones, tuvo acceso a los permisos SIRA para comprar la materia prima del exterior. En declaraciones públicas, Otero afirmó que factura unos u$s800 millones anuales basados en la venta de atados de cigarrillos, pero los cálculos no cierran a las autoridades de la AFIP.
El capítulo incorporado a la Ley Bases busca igualar los impuestos internos para todas las empresas del sector tabacalero, que pasarían del 70% al 73% e impactarían en el precio de venta del atado de cigarrillos. Fue rechazado por La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, mientras que el Frente de Izquierda (FIT) y la mayoría de Unión por la Patria (UxP) se abstuvo argumentando que se trataba de una «pugna entre empresarios».
Fuente: c5n
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