El jefe de Estado ya definió los temas a conversar con los gobernadores para llegar a un acuerdo y definió que volverá a enviar el expediente que se volvió a comisiones en Diputados.
Fuentes de la Casa Rosada informaron que el presidente Javier Milei volverá a enviar la Ley Ómnibus al Congreso para lograr su aprobación tras el fracaso legislativo que sufrió el megaproyecto a comienzos de febrero.
Según reveló la periodista Liliana Francos en Ámbito el Poder Ejecutivo enviará un proyecto parecido al que envió la primera vez pero le realizará “una mejora en el capítulo cuarto”, referido a la parte fiscal.
Para poder avanzar en la media sanción del proyecto, el Gobierno contempla que el capítulo fiscal incluya una modificación del Impuesto a las Ganancias para mejorar los ingresos de los gobernadores. Según trascendió que el Ejecutivo buscará reestablecer el pago del impuesto para los trabajadores de la categoría de Ganancias.
De esta manera, desde el gobierno se descarta el envío de proyectos separados, como se contempló en su momento.
Javier Milei anunció que enviará un paquete de leyes anti-casta
El viernes pasado, durante la apertura de sesiones ordinarias, Milei anunció que enviará al Congreso un proyecto que denominó «anti-casta». La iniciativa contempla:
La eliminación de las jubilaciones de privilegio para los cargos de Presidente y vicepresidente.
La obligación de los sindicatos de elegir sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres y supervisadas por la Justicia Electoral limitando los mandatos a 4 años con una sola reelección posible.
Los convenios colectivos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector.
Las personas condenadas por corrupción en segunda instancia no podrán presentarse como candidatos en elecciones nacionales.
Todo exfuncionario público con condena firme en segunda instancia por delito de corrupción perderá automáticamente cualquier beneficio que tenga por haber sido funcionario.
Se reducirán «drásticamente» la cantidad de contratos de asesores para diputados y senadores de la nación.
Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar por motivo de paro.
Se eliminará financiamiento público de los partidos políticos. Cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios.
Se penalizará por ley al Presidente, al ministro de Economía, a los funcionarios del Banco Central y a diputados y senadores que aprueben un presupuesto que contemple financiar déficit fiscal con emisión monetaria. Dicho delito estará a la altura de un delito de lesa humanidad.
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