La provincia aparece en el tercer lote, de menor vulnerabilidad, junto a Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Luis, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.
La Pampa figura en el último lugar del ranking de las provincias más expuestas al ajuste que propone Javier MIlei en un relevamiento privado que pondera múltiples variables: desde dependencia con la Casa Rosada hasta gastos en personal, exportaciones y endeudamiento.
Según un informe de la Fundación Mediterranea, que difunde el periodista Francisco Olivera, de La Nación este viernes, hasta ahora, si no se llega a un acuerdo y se cumple entonces la advertencia libertaria de dejarlos «sin un peso», hay ocho jurisdicciones que sufrirán más: La Rioja, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Catamarca, Tucumán, Chaco y Corrientes.
El elenco surge de un minucioso trabajo de Marcelo Capello, economista jefe del Ieral, de la Fundación Mediterránea, que pondera en la misma cuenta recursos, nivel de endeudamiento, gasto corriente, dependencia del gobierno central y hasta exportaciones de cada provincia, y los contrasta con la situación que hasta ahora parece estar imponiéndose: la semana pasada, al ver que no tenía apoyo para el proyecto original de la ley de Bases, la Casa Rosada decidió sacar la parte fiscal del paquete y se reservó la facultad de llegar al equilibrio fiscal por otra vía, el ajuste. Y lo haría, anticipan sus voceros, bajando lo que comúnmente se conoce como «transferencias discrecionales», que son los envíos que van a las provincias por fuera de la coparticipación, para gastos o inversiones.
Ese recorte ya empezó y esta semana en La Pampa le pusieron números. Solo por coparticipación, en enero, Casa de Gobierno recibió 12 mil millones de pesos menos.
Además, La Nación informa que en enero, por ejemplo, Axel Kicillof, líder bonaerense, recibió en transferencias apenas 50 millones de pesos que, si se los compara con los 37.510 millones a precios constantes de enero de 2023, representan exactamente un 99,9% menos que hace un año.
Buenos Aires es, después de La Rioja, la provincia que venía recibiendo mayor porcentaje de estos envíos discrecionales en relación con sus ingresos totales. Y está novena en el ranking del Ieral de exposición al ajuste, encabezando el lote de «vulnerabilidad media»: le siguen Entre Ríos, Formosa, San Juan, Jujuy, Misiones, Neuquén y Santa Fe. En el tercer lote, de menor vulnerabilidad, aparecen Chubut, Mendoza, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Luis, Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y La Pampa.
El ranking de tres vulnerabilidades posibles: alta, media y baja; algunas posiciones podrían variar si hay acuerdo sobre el impuesto a las ganancias
En Santa Fe, por ejemplo, las exportaciones llegan al 35% de su producto, el máximo de las 24 jurisdicciones, y deberían apuntalarla hacia arriba, pero la provincia tiene al mismo tiempo un elevado nivel de gasto corriente: según los números al primer semestre de 2023, el ahorro sobre gasto fue de apenas 4,7%, de los niveles más bajos del país, sólo por arriba de Tierra del Fuego (0,04%), Río Negro (0,07%), Salta (2,1%) y La Rioja (3,6%).
La situación parte de un contraste reciente. La Nación planteó que gracias a la ley de responsabilidad fiscal impulsada en 2016 por el gobierno de Mauricio Macri, que les exigía inicialmente no subir gastos corrientes en términos reales y empleo por sobre el crecimiento vegetativo de la población, la mayoría de las provincias tenía superávit fiscal primario en 2022. Nadin Argañaraz, director del Iaraf, recuerda que la única excepción fueron Buenos Aires, San Luis y La Pampa. Pero llegó 2023, la campaña electoral, la inflación desbocada, los reclamos salariales más duros y la mayoría de los gobernadores perdió el equilibrio fiscal. «Ya el año pasado, el superávit primario consolidado de todas había caído 60%», dice Argañaraz, que agrega que, hasta septiembre pasado, sólo tenía detectadas cuatro jurisdicciones con superávit fiscal primario: Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Tucumán.
El listado de las más vulnerables que hace el Ieral deja otra sorpresa, Santiago del Estero, la quinta menos expuesta a un eventual ajuste de la administración central. Habría que atender en este caso variables fundamentales como su condición de exportadora del 20% de su producto, o su tasa de ahorro corriente sobre gasto, la más alta de todo el país, un 57% explicado en parte porque es también la que menos la destina al personal. La administración de Gerardo Zamora gasta en sueldos apenas 28,9% de sus ingresos, muy lejos de las que encabezan la lista de esos gastos: Río Negro (65,4%), Tierra del Fuego (64,6%) y Salta (63,2%).
El panorama vuelve decisiva la discusión por el impuesto a las ganancias, que fue dejado afuera del paquete legislativo y es coparticipable. Según el trabajo de Capello, si se fuera a aplicar, cambiaría el ranking de vulnerabilidad. En ese caso, agrega, como no sería tan gravitante la dependencia de la coparticipación, Tierra del Fuego y Río Negro pasarían a los primeros lugares entre las más expuestas, y Buenos Aires y Entre Ríos, a integrar el tercio de más expuestas.
La Rioja, Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco, entre las más dependientes de los envíos discrecionales de la Casa Rosada
Jorge Colina, economista de Idesa, recuerda que de todo el universo de empleados públicos (unos 3,5 millones de personas, más de la mitad de los trabajadores privados), el 66% corresponde a las provincias; el 20%, a la Nación, y el 14%, a los municipios.
La Nación considera que muchos gobernadores tienen sus plantillas sobredimensionadas. Otro informe del Ieral, elaborado sobre datos del Indec y la Jefatura de Gabinete, indica que al tope del empleo público provincial está Catamarca, con 106 trabajadores cada 1000 habitantes en 2022, seguida por La Rioja (104), Santa Cruz (103), Tierra del Fuego (103) y Neuquén (90). Este dato tampoco debería ser considerado de modo aislado: en una provincia con escasa población, el índice sube.
Si no llegan a un acuerdo con el Gobierno y no pueden bajar más gastos, los gobernadores deberán elegir entre subir impuestos o endeudarse. Argañaraz advierte que muchas de las inversiones en rutas dependen de transferencias discrecionales, por lo que probablemente se verán afectadas. Otro golpe inesperado, esta vez para el empleo privado. El gobernador Sergio Ziliotto, de todos modos, ha prometido que las obras en marcha no se paralizarán y la provincia se hará cargo de los pagos si fuera necesario.
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