El Ministerio de Salud y Economía respectivamente publicaron un comunicado en el cual niegan recortes en instituciones públicas de salud e «informan que las partidas destinadas a los hospitales nacionales están garantizadas». «Se continúa con normalidad el envío de los fondos destinados a insumos, salarios del personal, obras de infraestructura, entre otros ítems incluidos en el presupuesto nacional», afirman en el comunicado.
«Vale destacar que el programa económico apunta a priorizar el balance de las cuentas públicas de la Nación, respetando las normas vigentes de coparticipación, convenios adicionales y demás acuerdos asentados en leyes nacionales. En este sentido, el ordenamiento de las finanzas de Nación pasa, en parte, por delimitar las funciones de gasto que corresponden a las jurisdicciones nacionales y las que son obligaciones de las provincias» prosigue el texto.
Con la misma tónica, las carteras nacionales concluyeron que a «lo que responde a obras en instituciones de salud fuera de la órbita de la jurisdicción nacional serán atendidas de igual modo que el resto de las obras públicas, priorizando los casos que se consideren críticos, sin desatender ninguna que tenga principio de ejecución y avances concretos».
La respuesta oficial fue motivada por un informe del colectivo Ocipex, una organización relacionada al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), que con datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, mostró una situación alarmante: las partidas destinadas a los hospitales antes mencionados se recortaron a 0.
En el mismo sentido, el documento indica que el Ejecutivo «recortó un 27% el gasto primario en enero de 2024 respecto a 2023» siendo los más damnificados las «provincias (PBA en especial), salud, educación, obra pública, industria, jubilaciones y política ambiental». «El recorte a las provincias, especialmente a Buenos Aires, fue de un 56% en términos reales comparado con enero de 2023. Eliminaron las transferencias de recursos a cajas previsionales provinciales, infraestructura de hospitales, políticas educativas y penitenciarias, entre otros», detalla Ocipex.
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