La Libertad Avanza (LLA) tuvo este miércoles su primer traspié en el Senado luego de no conseguir los votos necesarios para lograr el dictamen en comisión del proyecto de Ley de Boleta Única de Papel (BUP), que busca su implementación en la elección de autoridades nacionales.
En el marco de un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, se pospuso la firma de un dictamen de mayoría para el miércoles próximo a las 14. Si la iniciativa oficialista hubiera obtenido las firmas necesarias, el asunto podría haber sido llevado al recinto dentro de siete días.
Así, triunfó la moción pedida por el correntino Carlos Espínola, con el apoyo del Frente de Todos y del radicalismo, expresado por los senadores Martín Doñate y Eduardo Vischi, para pasar a un cuarto intermedio hasta la semana entrante.
Espínola propuso la moción argumentando que “en este Senado estamos para legislar, fundamentar nuestras opiniones y juntar los consensos para reformar lo que se deba”. En la vereda de enfrente, el entrerriano Alfredo De Angeli argumentó: “El pueblo nos está mirando y nos va a volver a juzgar porque hoy teníamos la oportunidad dictaminar y la semana que viene, sancionar.
En tanto, desde el bloque del Frente de Todos cuestionaron que mientras el Senado trata la Ley de Boleta Única, inclusive para las PASO, en Diputados se debatirá una legislación que busca eliminar las primarias. “Se está llevando a cabo un proceso de reforma electoral de todo el sistema. Si es tan importante, si la transparencia de la elección está en juego, dónde está la urgencia de tratar una ley con inconsistencias, sería contradictoria con otra que sancionaría Diputados”, señaló la riojana Florencia López.
Con este resultado, quedaron evidenciadas las falencias del bloque oficialista a la hora de sumar apoyo de la oposición, ya que pese a contar con el voto del PRO, algunos radicales y el peronismo disidente, no pudo convencer a algunas fuerzas provinciales claves.
El expediente fue aprobado a mediados de 2022 en Diputados por lo que, de no ser aprobado antes del 1 de marzo de este año, perderá estado parlamentario. En cambio, si fuera reformado, debería regresar a su Cámara de origen.
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