El proyecto presentado por Santilli propone facultar al Poder Ejecutivo para congelar cuentas y bienes en paralelo a causas judiciales, con el objetivo de impedir el financiamiento a las bandas narco y que sobrevivan distribuyendo el flujo de dinero con familiares, empresas fantasma o testaferros, entre otros.
El proyecto de ley apunta a establecer “un conjunto de medidas administrativas dictadas por la autoridad competente tendiente a neutralizar la capacidad económico-financiera ilícita de personas humanas, jurídicas o entidades designadas por su vínculo significativo con actividades de tráfico ilícito de estupefacientes”, que incluyen congelamientos administrativos y prohibiciones de asistencia, entre otras restricciones.
En ese sentido, no apunta sólo a las grandes bandas, sino también a los “jugadores intermedios” de los barrios, ya que podrá ser sometida a una medida “toda persona humana, jurídica o entidad sobre la que haya recaído resolución judicial del Ministerio Público Fiscal de la Nación que le impute o admita la formalización de una investigación por alguno de los delitos establecidos en la Ley 23.737”.
La iniciativa propone la creación de un comité de análisis y fusión de información con el objetivo de identificar y fundamentar las designaciones y las sanciones financieras selectivas. “El comité estará conformado por los representantes de la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia y Seguridad y los organismos autónomos de la Administración Pública Nacional competentes que tengan atribuciones en el control de activos ilícitos”, detalla.
“La participación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación debe estar garantizada a través de la firma de un convenio de cooperación con el Poder Ejecutivo”, concluye el proyecto.
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