Una de las 9 empleadas municipales de La Adela que pasó a planta en la anterior gestión, pero que fue despedida en el inicio de la intendencia de Federico Moro salió a desmentir lo expresado por los dirigentes de UPCN, que intervinieron en el conflicto. Acusa a los gremialistas de querer obligarlos a que firmen contratos y no respetar los derechos adquiridos de los trabajadores municipales.
Gisel Muñoz, agente municipal de La Adela y una de las convocadas por los representantes de UPCN el jueves 4 de enro a una reunión en el salón de actos del edificio municipal. Estuvo en ese lugar junto a 4 representantes de UPCN, entre ellos José Rodríguez (secretario gremial), Sergio De Matteo (Secretario de Comunicación) más delegada del Centro de Salud de esta localidad, Clara Silva.
«El señor que está en la foto con chomba rosa (por José Rodríguez), en un tono intimidante contrariamente a lo que dice en la conferencia de prensa transcripta en la nota, me aseguró que nosotros (los 9 despedidos) no estábamos en planta», relató la mujer. Además, contó que «quiso demostrármelo mostrando mi recibo de sueldo -él tenía una copia y yo aún no– y que ahí no constaba». Esta situación generó la molestia en la trabajadora porque «me consideraba ignorante, como si yo no supiera que lo que me otorga la condición de agente municipal es un acto administrativo emanado de autoridad competente y no lo consignado en un recibo, que puede modificarse arbitrariamente».
Aclaró también que «le reproche que el recibo de haberes es una documentación personal y que yo nunca le había dado mi consentimiento para que ventilara información, me hizo callar ordenándome que lo escuche para decirme que ellos proponían que firmáramos un contrato de trabajo por 6 meses para salvar el puesto de trabajo. Ante tan insólita propuesta me negué recordándole que los 49 compañeros listados en el Anexo de la Resolución 157/23 éramos agentes municipales».
Muñoz sostuvo además que «todos los participantes en esa reunión negaban nuestra condición insinuando que la gestión anterior nos había mentido en relación al pase a planta e insinuaron que compañeros míos tenían contratos diferenciados».
Sin embargo, la trabajadora aclaró que la Resolución incluía la categoría y la rama «por lo que los mande a leer las ordenanzas que autorizan al intendente a incorporar a planta permanente discrecionalmente a los empleados contratados que cumplan con los requisitos de la Ley 3491 modificatoria de la Ley 643 y la que la derogó para después volver a reunirnos».
Sin embargo, los representantes de UPCN se negaron y «seguían insistiendo en que teníamos que firmar los contratos, por lo que les aclare que ATE, por intermedio de la Delegada Norma Ojeda, fue quien presento la documentación y pidió a la Secretaria de Trabajo se expidiera sobre la validez de los nombramientos habiendo recibido como respuesta que la Resolución 157/23 tiene plena vigencia, validez y legalidad», relató la mujer.
«También les aclare –continuó la trabajadora-que el intendente Moro había ignorado el dictamen de la secretaria al igual que al acuerdo que había firmado con ellos en relación al aguinaldo, sueldo y bono, un acta que firmaron sin nuestro consentimiento porque desdoblaba el pago del aguinaldo y de la bonificación acordada en la paritaria. Al día siguiente pidió una sesión extraordinaria para que los concejales aprobaran un proyecto que nada tenía que ver con el acta firmada».
Fuente El Diario
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