El protocolo de Bullrich incluye la intervención de las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal en todos los cortes, piquetes y bloqueos parciales y totales que se realicen en el territorio federal utilizando, para liberar las calles, «la mínima fuerza necesaria y suficiente» la cual será graduada «en proporción a la resistencia».
Serán identificadas todas las personas que participen, organicen o instiguen a la protesta. También se van a identificar a los conductores y vehículos utilizados para trasladar manifestantes y se impulsarán sanciones que podrán llegar a la incautación de los mismos.
Se le va a dar aviso al juzgado competente en caso de daño ambiental en los casos que haya quema de cubiertas. En el caso de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a sancionar a sus responsables.
En caso de extranjeros con residencia provisoria en Argentina que participen en las protestas se le dará aviso a la Dirección Nacional de Migraciones para la suspensión de los trámites.
Por último se creará un registro de las organizaciones que participan de las protestas y se les enviará la factura de todos los costos vinculados a los operativos de seguridad.
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