Patricia Bullrich lanzó un plan antipiquete de tolerancia cero con la intervención de todas las fuerzas federales

La ministra de Seguridad de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, presentó su protocolo de seguridad para sancionar y penalizar a las organizaciones sociales, sindicales, políticas y personas que participen, organicen o instiguen la realización de cortes, bloqueos o piquetes.

«Sin orden no hay libertad y sin libertad no hay progreso. Hoy presentamos el protocolo para garantizar el orden público frente a los cortes, piquetes y bloqueos que sufren muchas empresas en la Argentina y que impiden a los argentinos vivir en paz», expresó la ministra al comienzo de su conferencia de prensa.

«Hemos vivido muchos años bajo un desorden absoluto que ha hecho que la gente no haya podido llegar a sus trabajos o que hayan tenido problemas. Pierden horas de trabajo, presentismo, tienen problemas con ambulancias que no llegan a tiempo. Esto viene hace muchos años y es hora de terminar», agregó la ministra.

El protocolo de Bullrich incluye la intervención de las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal en todos los cortes, piquetes y bloqueos parciales y totales que se realicen en el territorio federal utilizando, para liberar las calles, «la mínima fuerza necesaria y suficiente» la cual será graduada «en proporción a la resistencia».

Serán identificadas todas las personas que participen, organicen o instiguen a la protesta. También se van a identificar a los conductores y vehículos utilizados para trasladar manifestantes y se impulsarán sanciones que podrán llegar a la incautación de los mismos.

Se le va a dar aviso al juzgado competente en caso de daño ambiental en los casos que haya quema de cubiertas. En el caso de participación de niños y adolescentes se le va a dar aviso a la autoridad competente de la protección de los mismos y se procederá a sancionar a sus responsables.

En caso de extranjeros con residencia provisoria en Argentina que participen en las protestas se le dará aviso a la Dirección Nacional de Migraciones para la suspensión de los trámites.

Por último se creará un registro de las organizaciones que participan de las protestas y se les enviará la factura de todos los costos vinculados a los operativos de seguridad.

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