La canciller Diana Mondino firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación económica y financiera siendo accionista mayoritaria del banco Roela junto con su hermano Guillermo Mondino, lo cual configura un caso de conflicto de intereses.
La información, publicada este martes por el diario Ambito Financiero, asegura que un informe de una calificadora de riesgo publicado el 15 de diciembre de este año confirma que la composición accionaria de banco Roela no se modificó. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) considera que la funcionaria “debería haberse excusado” y Poder Ciudadano señaló que la Oficina Anticorrupción tiene que estudiar el caso.
El presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la firma de un DNU que a partir de su entrada en vigencia derogará o modificará en total unas 300 normas. Entre ellas, varias leyes sancionadas por unanimidad en el Congreso de la Nación. La medida apunta centralmente a desregular una serie de actividades económicas, como la energía, la minería, la industria, el comercio, el sector inmobiliario y las finanzas.
Sobre este último punto, el decreto elimina el tope de tasa que se les cobra a comercios, quita el techo al interés punitorio por demoras en el pago de tarjetas de crédito y deroga sanciones a las empresas que no informen la tasa de interés. A la vez, omite la gratuidad en la apertura de las cuentas sueldo y las extracciones de dinero para el empleado (figuraban de forma expresa hasta ahora) y abre la puerta a la privatización del Banco de la Nación Argentina.
Según informa la página del BCRA, al momento de estampar su firma en el DNU, Mondino seguía siendo la accionista mayoritaria del banco Roela con el 49,61% del capital. Ese mismo porcentaje ostenta su hermano, el economista Guillermo Mondino y el 0,78% restante está en manos de accionistas agrupados.
Ezequiel Nino, especialista en temas de transparencia y cofundador de ACIJ, afirmó que “de acuerdo con las reglas vigentes de conflictos de intereses, la canciller debería haberse excusado de firmar las secciones del DNU vinculadas a la actividad bancaria en la cual tiene interés patrimonial”.
Desde la fundación especializada en transparencia Poder Ciudadano, señalaron que “es una situación a prestarle atención” y agregaron que “la Oficina Anticorrupción debería estudiar el tema en profundidad y analizar si configura un caso de conflicto de intereses”.
Deja tu comentario!