El proyecto que busca la creación de un protocolo para detectar y prevenir el Abuso Sexual Infantil tuvo sanción en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados. El legislador nacional por La Pampa, Martin Maquieyra, presidió la comisión y pidió su urgente aprobación.
El proyecto apunta a que haya protocolo de detección de abuso infantil en todo organismo público o privado que sea de índole recreativo, deportivo, educativo, religioso, que tenga a su cargo o involucre actividades con niños, niñas y adolescentes. Es un proyecto que crea una herramienta fundamental para mejorar el sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que hoy presenta falencias y se debe mejorar.
“En el proyecto de Ley Lucio habíamos insistido con un protocolo unificado para las instituciones público y privadas que trabajen con niños. Se contemplaba la creación de un protocolo de actuación conjunta para la prevención de estos casos, ya que veíamos que muchas de las denuncias que nos llegaban en temas de niñez tienen un denominador común: la descoordinación de los organismos administrativos relacionados con la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y los organismos judiciales que intervienen o deberían intervenir”, afirmó Maquieyra.
«Se nos planteó tratar este protocolo que viene con media sanción del Senado desde Diciembre de 2021. Lamentablemente se ha perdido tiempo, pero celebro que lo estemos tratando hoy para que podamos abordar de manera integral la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y será un complemento necesario y urgente a la Ley Lucio”, añadió.
El protocolo propone brindar asistencia técnica a las instituciones para adecuar los protocolos a las distintas realidades y sistemas de protección local en la que se encuentren insertas, promover con las Autoridades de Aplicación Provincial un sistema de evaluación y monitoreo necesarios para medir la aplicabilidad de la presente Ley y diseñar una campaña de sensibilización y difusión de los protocolos implementados. “La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes tiene que ser considerada un derecho humano fundamental y no puede haber diferentes respuestas según el lugar de Argentina que se realizan”, finalizó.
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