Con la exposición del ministro de Hacienda y Finanzas, Guido Bisterfeld, el martes pasado, se inició el debate del proyecto de ley del gobierno provincial que propicia la modificación del sistema de Coparticipación a Municipalidades y Comisiones de Fomento.
Hasta ahora, la oposición manifestó críticas y pide introducir modificaciones para bajar la cantidad de recursos discrecionales que maneja la Secretaría de Asuntos Municipales. El oficialismo apoya con algunos matices. Y el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, es la única voz de los jefes comunales del PJ que se opuso, con la visión que se trata de «un parche» que no modifica las distorsiones del reparto del grueso de los recursos.
El ministro, en Diputados, sintetizó las los 6 puntos claves del proyecto. Son los siguientes:
1. Se toma un promedio de los últimos tres años para establecer la recaudación de cada municipio, una de las variables de más incidencia para el reparto. El funcionario sostuvo que así se «suaviza la volatilidad de los índices repartidores de la coparticipación: veíamos que de un año a otro los índices informados por los municipios subían o bajaban un 25% o 30%, lo que marcaba una gran distorsión que no se podía seguir aceptando, por lo que se propone un promedio de los últimos 3 años para que esa distorsión se suavice y no sea de semejante violencia de un año a otro».
2. Límite a la inclusión de recursos no tributarios. El ministro explicó que proponen «estructurar la incidencia de los recursos propios tributarios y no tributarios: Para la redistribución del 40% de la coparticipación, la información de los índices tributarios y no tributarios fueron desnaturalizándose y eso demandaba una corrección para que no siguiera por ese camino. La referencia es que en el año 2017, el 33% eran recursos tributarios y sólo el 7% no tributarios, llegando a la actualidad cuando los recursos tributarios bajaron al 29% y los no tributarios ascendieron al 11%, eso porque algunos gobiernos locales han ido incorporando servicios relacionados con la actividad comercial (estaciones de servicio, por ej.) y/o de provisiones de bienes y servicios (geriátricos, por ej). Así, para evitar esta tendencia destinada a un subsidio encubierto vía el incremento de los recursos coparticipables de composición actual de los recursos y se le pone un límite a la incorporación de ingresos provenientes de recursos no tributarios, fijándose como permanente el índice al 31 de diciembre de 2022, o sea 29% de recursos tributarios y 11% de no tributarios.
3. Crear un clasificador de recursos para «uniformar la información. «Se confeccionará un clasificador de recursos que conformará un sistema de información común a todos los municipios, permitiendo, además de su comparación, evitar cualquier criterio subjetivo a la hora de determinar qué recursos se consideran para la determinación de los índices», dijo Bisterfeld.
4. Controles previos. Es para «fianzar la fiabilidad de la información». «Con la instrumentación de una validación previa de cada Concejo Deliberante, en el caso de los municipios, y del Tribunal de Cuentas, en el caso de las comisiones de fomento, se mejorará la fiabilidad del informe «rendición de ingresos de recursos-ley de coparticipación» que incluirá los recursos propios tributarios y los no tributarios de las comunas», puntualizó el funcionario.
5 – Adelanto de rendición para «otorgar previsibilidad, estableciendo que la rendición de ingresos de recursos, ante la secretaría de Asuntos Municipales para que la Tesorería general de la provincia elabore los índices a partir de esa información, sean los percibidos entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente».
6 – Fondo adicional por índice población. Bisterfeld dijo que se busca «restablecer la equidad distributiva creando el Fondo Adicional de Distribución Poblacional, ya que ante el avance de la participación de los recursos no tributarios se generaron distorsiones perjudicando a las localidades que basan sus finanzas en la recaudación de tasas municipales, asidero fiscal que se encuentra fuertemente relacionado con la población residente en la comuna. La creación de este Fondo implica para las arcas de la provincia un esfuerzo financiero, valuado en términos actualizados de 3458 millones de pesos que pasará en los sucesivos ejercicios fiscales a manos de las comunas».
Fuente El Diario
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