El Congreso Nacional sancionará posiblemente este miércoles una ley que morigera el impacto negativo del índice UVA sobre los créditos hipotecarios para la vivienda familiar, aunque los propios damnificados ya manifestaron en La Pampa y en otros puntos del país que la normativa no es satisfactoria.
El índice UVA es fruto de un arreglo que el gobierno de Mauricio Macri hizo con las corporaciones bancarias a fin de establecer un mecanismo de cobro que fue impuesto con naturalidad en esos años, pero que con el correr del tiempo se demostró una impagable estaba para las personas hipotecadas.
Este miércoles, diputados y diputadas volverán a sesionar. El proyecto de mayor resonancia dentro del temario que acordaron las y los legisladores es el Sistema Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios, con el que se busca darle una solución -parcial y que no termina de satisfacer a todos- a los deudores de los créditos UVA.
En las últimas semanas la comisión de Presupuesto y Hacienda emitió un dictamen de mayoría y otro en minoría, lo que posibilitó llevar el tema al pleno. La situación de los deudores del crédito que lanzó el ex presidente Mauricio Macri es crítica porque hasta ahora el monto de cada cuota se actualiza según la inflación.
En La Pampa, Daniel González, director de escuela, vecino de Eduardo Castex, fue uno de los damnificados y se convirtió en las últimas semanas en vocero del sector. Advirtió que el acuerdo en el Congreso tiene sus trampas. El hipotecado aseveró que la propuesta legislativa «no alcanza, porque tampoco me alcanzaría toda la vida para poder pagar».
González acusó a los bancos y a los funcionarios de aquel gobierno por su «incompetencia o perversidad» e insistió en que hay que encontrar una salida política, que implicaría «decirles a los bancos que son bancos, no usureros, no prestamistas».
Respecto de la iniciativa legislativa, señaló: «es retroactivo a 2023 y el resto que dios te ayude. Las cuotas actuales tendrían el valor que tenían a principios de año, pero no se modifica el crecimiento de la deuda. Y hay algo peor: tenés que firmar un acuerdo donde te comprometés a que nunca vas a iniciar una acción legal contra el banco. O sea que admiten algo raro hay. La cosa es que los bancos nunca pierdan plata», insistió.
La comisión que dirige el diputado oficialista, Carlos Heller, logró un dictamen consensuado basado en los 11 proyectos presentados en el que, entre otras cuestiones, plantea que la cuota a abonar no debe superar el 30% de los ingresos de los deudores. Además establece la suspensión por un año de los juicios de desalojo, lanzamientos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas o cautelares en trámite sobre aquellas viviendas adquiridas a través de este tipo de crédito.
- Otros temas
Otro de los temas que se debatirá es La Ley Olimpia, de violencia digital, que impulsa el diputado de Unión por la Patria Pablo Carro. El proyecto, inspirada en una ley mexicana, prevé aplicar sanciones para quienes filmen o graben sin autorización cuerpos de mujeres en una situación de intimidad. La sanción será también para las personas que lo suban a las redes y para quienes lo difundan.
El resto del temario se compone por el tratamiento del Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos; el Plan de refinanciación de deudas a cargo de provincias, municipios, comunas y entes prestadores de servicios públicos, respecto al Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA); la Regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico, entre otros.
En tanto, este jueves a las 11 diputados y diputadas retomarán actividad en la comisión de Juicio Político, con la expectativa por la citación del juez de la Corte Suprema, Carlos Maqueda, que realizaron el mes pasado. Maqueda tuvo a su cargo la administración de la OSPJN entre el 7 abril del 2008 y al 31 de agosto de 2021 y fue citado por «mal desempeño y posible comisión de delitos».
Hasta el domingo por la noche no había confirmación de su eventual asistencia al Congreso. Entre las acusaciones que recaen sobre el juez se destacan que consintió «por omisión en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación».
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