La Iglesia Católica de San Juan prepara el pedido de expulsión que será elevado al Vaticano para que se concrete el pedido de dimisión clerical del sacerdote Walter Bustos, un sanjuanino que fue recientemente condenado por un caso de abuso sexual y que ahora enfrenta una nueva denuncia. Estuvo libre hasta la sentencia, aunque estaba siendo investigado por al menos tres casos de violencia sexual. La Iglesia no se había expedido al respecto, pero emitió un comunicado de repudio una vez conocida la primera sentencia condenatoria del sacerdote. La justicia busca esclarecer si se abrieron legajos administrativos.
«Ante el fallo del Sr. Juez Dr. Víctor Muñoz Carpino, donde se condena al Padre Walter Bustos a una pena de un año y ocho meses de prisión condicional, este Arzobispado manifiesta su profundo dolor y solidaridad para con la víctima y su familia. Nos causa profundo pesar como Iglesia los hechos acontecidos, y que un hermano nuestro haya sido condenado por la comisión de un delito, con el consecuente escándalo que afecta a la comunidad sanjuanina», arranca el escrito.
Además, destacaron que «se inició oportunamente un procedimiento penal canónico, el que se encuentra a la espera de la culminación de los procesos penales en curso ante los tribunales de la provincia, tanto esta causa, como la que se sustancia por la denuncia presentada ante la Justicia semanas atrás. Mientras tanto el sacerdote continúa suspendido en el ejercicio de su ministerio pastoral».
Por último, remarcaron: «Alentamos a tantos laicos, laicas, vida consagrada, diáconos y sacerdotes a seguir trabajando en la defensa y el cuidado de cada persona, particularmente los más vulnerables, acompañando al pueblo de Dios que peregrina en San Juan», de esta manera, la Iglesia dejó sentado, como lo establece el Derecho Canónico, que se inició el expediente para la destitución del sacerdote. Fue el obispo auxiliar, quién tomó las riendas y emitió la posición del Arzobispado».
Lo que ocurrió una semana después de conocida la sentencia sorprendió bastante. Un inesperado cruce entre el Arzobispado y el Ministerio Público Fiscal llegaría luego de un sorpresivo allanamiento en la iglesia.
Allanamiento y enojo en el Arzobispado
Pese a la respuesta del Arzobispado de anunciar el inicio de proceso de expulsión del sacerdote, los fiscales a cargo de la investigación por el presunto abuso sexual que realizó el sacerdote pidieron un allanamiento en el Arzobispado, el viernes último. Así fue como un grupo de investigadores llegó a la Casa de los Obispos en busca del legajo del sacerdote y de documentación que pudiera servir a la investigación.
Lo que la Justicia quiere saber es si existió un legajo administrativo contra el sacerdote cuando se conoció la primera denuncia en su contra hace años atrás.
El arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, cuestionó la actitud de la Justicia por no haber solicitado antes la información. “Lamentamos que no se haya pedido la información previamente, sino que se determinara esta medida”, remarcó Lozano y aseguró: “alentamos a continuar trabajando en la defensa y cuidado de cada persona, especialmente de los más vulnerable”.
Ante el enojo de monseñor Lozano, hubo una respuesta inmediata por parte del Ministerio Público Fiscal. “Que el disgusto que expresa la autoridad religiosa por el procedimiento, seguramente se hubiese evitado poniendo, espontáneamente, a disposición de la investigación, la documental en cuestión, así como el testimonio de quienes tuvieron conocimiento de la ocurrencia de hechos relevantes. Creemos firmemente en la igualdad ante la Ley y en la necesidad de proteger a los vulnerables de un modo efectivo”, fue la respuesta contundente por parte de Eduardo Quattropani, el Fiscal General de la Justicia sanjuanina.
Cuál es el proceso de la Iglesia cuando un sacerdote es acusado de abuso
El rol de los obispos en el primer paso de la “situación administrativa” es clave en este caso del sacerdote Walter Bustos. Es por ello que Gustavo Larrazábal, el obispo auxiliar, emitió el comunicado sobre los pasos a seguir y no así el arzobispo Jorge Lozano.
En el llamado “dimisión del estado clerical” comienza el proceso de exoneración del sacerdote como ministro activo de la Iglesia. En este caso, cuando se conoce la primera noticia del presunto abuso, el obispo a cargo tiene la obligatoriedad de intervenir.
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