Miles de docentes jujeños, junto con trabajadores estatales y municipales más integrantes de organizaciones sociales marcharon, este lunes en San Salvador de Jujuy en reclamo de recomposición salarial, en contra de la reforma constitucional y por la derogación del decreto 8464 del Ejecutivo provincial, que «avanza en la criminalización de la protesta».
Los docentes vienen reclamando desde la semana pasada, cuando iniciaron un paro por tiempo indeterminado en reclamo de sueldos que superen el valor de la Canasta Básica, fijada en más de 200 mil pesos.
«Nos manifestamos en la calle por los salarios dignos pero también contra esta reforma constitucional que, entendemos, lesiona los derechos de salir a protestar y sobre todo por el decreto que hemos tomado conocimiento a través del boletín oficial el viernes, que determina sanciones graves como contravención», dijo a Télam la secretaria general de la Asociación de Educadores Provinciales (Adep), Silvia Vélez, y añadió que el paro docente «tiene entre un 85 y 95% de acatamiento».
Tanto la Adep, que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, como el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), convocaron para esta tarde a un congreso provincial y asamblea para responder a la última propuesta realizada por el Gobierno provincial.
«Queremos mejores consideraciones para todo el sector docente. Si bien es cierto hay una gran franja cubierta de maestros de grado, acá hablamos de maestros especiales y de nivel inicial que siguen por debajo de la línea de pobreza», afirmó la gremialista.
Asimismo, el reclamo también pasa por «un mayor incremento al básico que es lo que nos asegura el aporte jubilatorio» y por una nueva convocatoria a paritaria.
El viernes último, el Gobierno jujeño formuló una propuesta que incluye un salario inicial de $179.000; la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia; el aumento del adicional no remunerativo bonificable; el otorgamiento de un suplemento no remunerativo no bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad; y descartar el descuento de los días de paro.
En paralelo, la Adep repudió un decreto del Ejecutivo provincial que, según denunció, «avanza con la restricción de los derechos que constitucionalmente le corresponde a los trabajadores», ante lo cual presentó una medida cautelar en el Poder Judicial.
«Hay una clara consigna ‘Arriba los salarios, abajo la reforma’ y la inmediata derogación del decreto 8464, que es autoritario y viola elementos fundamentales de la vida democrática y de los principios republicanos», afirmó el secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (Apuap) Nicolás Fernández.
En diálogo con esta agencia, Fernández exigió la «inmediata reapertura de la paritaria general para recomponer los salarios a nivel de la inflación», y además advirtió que con un «36,6% de imposición salarial» se torna «imposible cerrar el primer semestre».
Por otro lado, pidió a la Convención Constituyente que se abra porque en la Legislatura «están sesionando a espaldas del pueblo».
«Es inconcebible que se haga una reforma constitucional en un plazo de quince días y con el texto apareciendo recién en el sexto día, por lo que pedimos debe ser suspendida inmediatamente hasta tener un debate serio, democrático y franco», remarcó.
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