El lunes, integrantes argentinos del Mercosur firmaron una solicitud para que Rodríguez Simón se presente ante la Justicia federal argentina, luego de que no se lograra reunir el quórum para alcanzar la mayoría especial requerida para la expulsión del cuerpo de un integrante.
«Nosotros, al ser parlamentarios de un bloque regional, tenemos que dar el ejemplo y sentarnos frente a la Justicia. Rodríguez Simón no debería, con su actitud, devaluar un instituto como el del refugiado político. Es lamentable que este señor nos haga quedar como nos está haciendo quedar», afirmó Storani.
La parlamentaria de Juntos por el Cambio añadió que no se procedió a la expulsión del bloque porque «se necesitaban los dos tercios y no estaban», al referirse a la sesión del lunes, en la que se necesitaban 77 votos para proceder con la remoción, y sólo había 58 parlamentarios presentes.
Rodríguez Simón tiene un pedido de extradición solicitado por la jueza María Servini, quien ordenó su detención en 2021 para indagarlo por hostigamiento.
Uruguay rechazó dos pedidos de asilo político de «Pepín» Rodríguez Simón
A fines de marzo de 2023, la Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación de Rodríguez Simón para ser reconocido como refugiado en ese país a fin de eludir el correspondiente proceso de extradición.
En julio del año pasado, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal uruguayo había ratificado la decisión de la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, en el sentido contrario a la condición de refugiado.
En ese marco, el abogado defensor de Rodríguez Simón, Jorge Díaz (exfiscal y exprocurador general de Uruguay), presentó un recurso de Casación que fue rechazado por la Corte.
El segundo pedido de condición de refugiado fue presentado en diciembre del 2022 y denegado, pero resta que la Justicia se expida en forma definitiva y, eventualmente, ordene su deportación.
El exasesor judicial es investigado por formar parte de una asociación ilícita que durante la gestión macrista, mediante «hostigamiento y ahogo financiero», tenía el fin de perseguir a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, propietarios del grupo Indalo.
Actualmente continúa en Uruguay, con su pasaporte secuestrado por las autoridades del país y con la disposición de un «cierre de fronteras» para su salida, para lo cual deberá someterse a la Justicia argentina por la vigente alerta roja de Interpol en su contra.
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