Uno de los abogados de la querella que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por el intento de magnicidio, Marcos Aldazabal, sostuvo que «está más que acreditada» la participación del detenido Gabriel Carrizo como partícipe secundario en el hecho, al comenzar a exponer en el inicio de la audiencia ante la Cámara Federal porteña por la apelación del procesamiento de las personas acusadas.
La Cámara Federal porteña escucha en esta jornada a dos de los detenidos por el intento de asesinato de la expresidenta, ocurrido el 1 de septiembre pasado, previo a resolver si confirma sus procesamientos con prisión preventiva como partícipes secundarios
Carrizo fue trasladado a primera hora de la mañana desde el penal donde está detenido a los tribunales federales de Retiro porque pidió hablar en persona en la audiencia ante los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, en tanto que Leopoldo Bruglia no se encontraba presente en la audiencia por encontrarse de licencia.
Agustina Díaz, también detenida por el intento de asesinato a la Vicepresidenta, expondrá por videoconferencia desde el penal de Ezeiza.
Carrizo ingresó está mañana a la sala de audiencias de la Cámara Federal porteña en el segundo piso de Comodoro Py 2002 en medio de un estricto operativo de seguridad y protegido por efectivos del Servicio Penitenciario Federal que lo taparon con dos escudos para la audiencia donde se debatirá si se confirma su procesamiento como participe secundario del intento de homicidio de la Vicepresidenta
La querella de Cristina Fernández pidió «rechazar nulidades» que plantea la defensa de Carrizo porque «se respetaron todas las garantías constitucionales» del debido proceso y consideró que el imputado «está inmerso en la planificación del hecho».
«La planificación existió y fue relevante; a medida que avance la investigación esperamos que se esclarezcan más cosas», sostuvo el letrado al fijar la postura de la querella que representa en esta audiencia.
Los procesados
Díaz y Carrizo están procesados con prisión preventiva por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, como supuestos partícipes secundarios del intento de magnicido del 1 de septiembre pasado y sus abogados apelaron esta decisión.
La magistrada consideró al procesarlos que «los sucesos del 1 de septiembre (el día del intento de magnicidio) fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte, Fernando André Sabag Montiel, Nicolás Gabriel Carrizo y Agustina Mariel Díaz».
La jueza sindicó a Carrizo y Díaz como partícipes secundarios penalmente responsables del delito de «homicidio calificado, agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa» con embargos por 100 millones de pesos a cada uno.
Sagab Montiel, quien gatilló el arma contra la Vicepresidenta sin que saliera el disparo, y su novia Uliarte no apelaron los procesamientos, que ya quedaron firmes, ni las prisiones preventivas, por decisión de sus defensas oficiales.
En su caso quedaron acusados como coautores del intento de homicidio cometido la noche del 1 de septiembre en Juncal y Uruguay.
Carrizo es el líder del grupo de supuestos vendedores de algodón de azúcar para el que trabajaban los coautores del intento de magnicidio, Sabag Montiel y Uliarte.
Su defensa presentó además un planteo de nulidad de la pericia hecha a su teléfono celular en la causa, algo que también tendrá que resolver la Cámara.
Díaz, en tanto, es una amiga Uliarte que después del ataque fallido contra Fernández de Kirchner le sugirió que borrara toda la información de su celular y que según los mensajes que intercambiaron en el sistema de mensajería WhatsApp, sabía que ella había adquirido una pistola.
«QUEREMOS SABER QUIÉN GUIÓ LA MANO DE SABAG MONTIEL»
José Manuel Ubeira aseguró que el objetivo de la querella que sigue la exmandataria en la causa que investiga las actividades del grupo Revolución Federal pasa por determinar quién «guió la mano de (Fernando) Sabag Montiel».
«Nosotros pediremos, bajo ningún punto de vista, imputar a quienes nada tienen que ver con el intento de magnicidio. No somos grandes armadores de causas. Nosotros vamos donde las pruebas nos llevan. Hasta ahora nos llevaron hasta acá», indicó Ubeira en declaraciones a Radio Provincia.
El letrado desestimó que este grupo esté conformado por persona que puedan ser considerados como «locos sueltos» y recordó «las conversaciones tuvieron y el interés que tenían en cobrar una suma de plata por el atentado».
Por pedido del letrado, Cristina Fernández de Kirchner solicitó ser querellante en la causa en la que se investigan las amenazas y los mensajes violentos difundidos en redes sociales por el espacio conocido como Revolución Federal.
En el inicio de la investigación, se encontraron con una serie de pagos millonarios a Jonathan Morel (fundador de Revolución Federal) y a dos socias suyas en una carpintería que administraba por parte de dos fideicomisos vinculados a la firma “Caputo Hermanos”.
Sobre la investigación, Ubeira dijo que, antes de funcionar la carpintería de Morel en Boulogne era un centro de jubilados de los pocos que visitó (Mauricio) Macri», y que por eso, ya pidieron «informes sobre ese inmueble». En tanto, indicó que la labor de Morel fue «aprendida en YouTube» y que aparecen «1 millón y medio de pesos aparecen como primer aporte y 7 millones aparecen en el año 2021».
«No sabemos qué hizo la carpintería, en principio nos parece que era una tapadera para recibir fondos y hacer lo que estaban haciendo. Hasta que se aclare esta situación, Morel está imputado y habrá que hacer una extensión se la investigación sobre el movimiento de dinero de la familia Caputo», agregó.
En este contexto, Ubeira remarcó que «las dificultades que tenemos son los medios concentrados que tratan de disimular esto, como lo hizo el editorial de La Nación que puso en duda la existencia del atentado».
«La llamada ‘banda de los copitos’ es una «organización primaria de lúmpenes. Los abogados nos guiamos por la prueba y el hecho. Que las personas estén detenidas no agota la investigación. Es notable la falta de interés por parte del poder Judicial para que no se investigue esta causa. Creemos que hay un financiamiento y una línea matriz, además, sabemos que esto va para arriba», subrayó.
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