¿Será cierto que hay un marcado enojo de las autoridades judiciales, y que se habría requerido desde las más altas esferas el listado de los profesionales que participaron de la reunión del Colegio de Abogados hace unas semanas?
En los últimos días -según trascendió en los pasillos tribunalicios- se habrían producido episodios que podrían resultar risueños si no fuera porque, en el fondo, estarían escondiendo alguna gravedad institucional. Se conoce de casos de algunos integrantes del Superior Tribunal de Justicia que se hacen «los distraídos» y evitan saludar cuando los encuentran a los profesionales que protestaron por el trato que se le da a las causas por violencia de género. No obstante mucho más trascendente que eso sería que se confirme si efectivamente se ha requerido al Colegio de Abogados y Procuradores de La Pampa el listado de los casi 80 que tomaron parte de aquel cónclave.
¿Pedir un amparo?
¿Para qué se querría saber quienes fueron a ciencia cierta los que fijaron posición y criticaron a jueces, fiscales y psicólogos del Poder Judicial? Obviamente nadie saldrá a decir «yo fui» cuando se le pregunte si ciertamente ese pedido de la lista existió, pero en los corrillos es lo que anda circulando.
«Tendremos que pedir un amparo para trabajar tranquilos», dijo por estas horas un prestigioso abogado ante esa versión. Como se sabe la acción de amparo sirve para proteger derechos fundamentales que pudieran ser vulnerados. Si bien el profesional trató de relativizar la cuestión dejó en claro que hay una preocupación con ese tema.
Reclamo de defensores.
Como informó este diario, fueron casi 80 abogadas y abogados de distintos puntos de la provincia que llegaron hasta la sede de ese centro para fijar sus posturas, y muchos otros -incluso de fuera de la provincia- que se manifestaron contra el tratamiento que se le da en la Justicia a las causas sobre violencia de género. Concretamente aducen los defensores particulares que basta con que se presente una denuncia para que la causa avance rápidamente, y que es muy poco probable que en un expediente de ese tipo se dictamine la inocencia del acusado.
Inversión de la carga de la prueba.
La perspectiva de género -con la que los reclamantes sostienen acuerdan absolutamente-, sería utilizada de tal manera que quedaría poco margen para la defensa. Esto es, si alguien es acusado en vez de presumirse su inocencia -que es lo que marca la ley-, de inmediato se supone su culpabilidad. Es decir, se invierte la carga de la prueba.
En ese contexto se le exige al imputado acreditar sus dichos con el grado de convicción necesario para tenerlos por establecido, lo que implicaría un desplazamiento erróneo del ‘onus probandi’, y en esas condiciones lo resuelto importa una violación al artículo 18 de la Constitución Nacional.
También, en ese tipo de causas, el ‘indubio pro reo’ queda prácticamente descartado. No se beneficia el acusado en caso de duda razonable.
Enojos por reclamo.
En razón de todo lo antedicho hubo cruces, enojos, desencuentros. Es como que las autoridades que estaban «del otro lado» de la queja que se expresaba -fiscales, jueces, profesionales de la psicología que actúan de la parte oficial- no concebían esa suerte de rebelión que, al cabo, no era más que dejar en claro que no se acordaba con una metodología simplista de que si hay una denuncia hay un culpable.
En vez de considerarse el tema con objetividad, hubo en cambio impensadas derivaciones luego de esa presentación de los abogados y abogadas del foro local -apoyados por defensores oficiales, que fueron en el mismo sentido-, que reprochaban lo que entiende es falta de ecuanimidad en la justicia provincial al determinar en las causas sobre violencia de género.
Desigualdad de armas.
Un grupo de abogadas y abogados que litigan en tribunales de la Provincia se venían manifestando por lo que consideraban un mal abordaje de la Justicia en el tratamiento de ese tipo de causas sobre violencia o delitos de índole sexual. Aseguraban que existe desigualdad de armas entre el aparato estatal -provisto de oficina de asistencia a la víctima, psicólogos y psiquiatras- y los defensores que actúan en esas causas.
Lo cierto es que hubo una gran movida -incluso se sumaron voces de profesionales de otras provincias- y el reclamo llegó en forma efectiva al STJ a través de un documento del Colegio de Abogados y Procuradores de la provincia de La Pampa, donde hace algunas semanas se reunieron casi 80 matriculados de distintos lugares.
Se produjo después de eso una reacción del Superior Tribunal, y se deslizó en la respuesta algún disgusto porque los reclamantes hicieran públicas sus reproches en vez de ir por las vías institucionales. Quejas que no obstante, cabe decir, eran recurrentes incluso en las presentaciones en los expedientes que se tramitaban.
¿Y entonces?
Reconocidos profesionales que litigan en nuestra provincia dijeron que habían manifestado su queja «de la mejor forma posible, tratando de encontrar soluciones a un sistema que no está funcionando»; y no faltaron los que paralelamente pidieron por la constitución del Ministerio de la Defensa ante la clara desigualdad de armas al momento de ir a tribunales.
El Superior Tribunal de Justicia se notificó de esa presentación, pero no se expidió sobre el tema. Guardó silencio. No dijo nada.
Algo no huele bien en el ámbito de la Justicia. Son contingencias que se van produciendo y dan lugar a un desprestigio que la sociedad advierte con inquietud. Con mucha preocupación.
fuente: la arena
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