El Ministerio de Educación brindó el instrumento de actuación de las instituciones educativas ante confirmación o sospecha de vulneración de derechos. Es un paso a paso desde el momento del conocimiento del hecho hasta cómo denunciar.
Tras el caso Lucio Dupuy y la importancia de la intervención de las escuelas en casos de niños y niñas víctimas de violencia infantil, el Ministerio de Educación difundió el protocolo de actuación ante confirmación o sospecha de vulneración de derechos. Es un paso a paso desde el momento de la comunicación del hecho hasta cómo se debe realizar la denuncia correspondiente.
«En el marco del Sistema de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, el sistema educativo junto a otros organismos cumple una función indelegable», comienza el escrito donde detallan punto por punto cómo se debe efectuar el protocolo de actuación. Resaltaron que la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Nº 26.061) y la Ley Provincial de Niñez y Adolescencia (Nº 2.703) «expresan el deber de comunicar situaciones que vulneren o puedan llegar a poner en riesgo la integralidad de niños, niñas y adolescentes, por parte de aquellas personas agentes del Estado».
Comunicación y denuncia.
En primer lugar, el instrumento desarrolla que «la persona que tome conocimiento de una posible situación de vulneración de derechos de niños, niñas o adolescentes (NNyA), deberá comunicarlo a la Dirección del establecimiento educativo». En caso de violencia, las autoridades deberán convocar al «servicio médico que se encuentre disponible para la atención y constancia de las lesiones que puedan existir».
Remarcaron que la persona que tome conocimiento tendrá que realizar un «registro escrito respetando el relato espontáneo de quien provee la información, entrecomillando las expresiones, describiendo el hecho sin emitir juicios de valor, respetando la confidencialidad de la información».
Relatorías o informes.
Entre las características de los informes mencionaron la importancia de que «estén firmados en cada hoja por quien o quienes lo elaboran; contengan la fecha de elaboración del escrito; mencionen a las personas con nombre completo, DNI y fecha de nacimiento; en caso de labrarse y suscribirse actas redactadas a mano alzada, deberán luego realizarse las transcripciones en computadora y ser firmadas y selladas por quien redacta».
Según señaló el Ministerio de Educación, las relatorías serán remitidas «a la correspondiente Coordinación de Área; Secretarías Técnicas; Coordinación Territorial de Escuelas ‘I’ y Equipos de Apoyo a la Inclusión, para que desde allí, sean elevados a la Dirección de Nivel o Modalidad correspondiente y Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, toda la documentación en sobre cerrado con la leyenda de ‘actuaciones reservadas'». A su vez, la institución educativa se quedará con una copia.
De manera conjunta «evaluarán la necesidad o no de convocar e informar a la familia». Aclararon que «si la posible vulneración de derechos ha sido efectuada en el ámbito familiar, no será conveniente la convocatoria. En caso de que haya ocurrido fuera del ámbito familiar, se deberá informar, mediante una reunión, la situación y los pasos a seguir».
Siempre comunicar.
En el informe, el Ministerio de Educación hace hincapié en «siempre comunicar» el posible caso de vulneración de derechos a la unidad de protección de derechos correspondiente: Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia en Santa Rosa; Unidades Regionales de Protección de Derechos en General Pico, General Acha, Ingeniero Luiggi y 25 de Mayo; unidades locales, en aquellas localidades donde funcionan.
En ese contexto, brindaron algunos ejemplos sobre en qué momentos se debe dar a conocer el hecho a dichas instituciones: «Si el o la estudiante asiste a la escuela con frecuencia en condiciones de higiene no adecuadas; si el o la estudiante se encuentra gran parte del tiempo en la vía pública y sin presencia de referentes adultos en su vivienda».
¿Cuándo denunciar?
Luego detallaron en qué situaciones se realiza la denuncia e informaron que se efectuará «en caso de que la posible vulneración de derechos constituya además un presunto delito, la persona que haya tomado conocimiento de la situación deberá realizar la denuncia correspondiente acompañada por el equipo directivo, en la sede policial más cercana, Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, Fiscalía o Juzgado de Paz».
Entre los ejemplos sobre cuáles serían los casos que se deben informar mencionaron ocasiones de violencia sexual o si el estudiante presenta indicadores de violencia, cualquiera sea el tipo o la modalidad (física, psicológica).
En el momento de realizar la denuncia se deberá decir que: «La denuncia se realiza, como agente dependiente del Estado Provincial, en carácter de director o directora, docente o personal de la institución educativa, consignando nombre, DNI, cargo y domicilio laboral. Paralelamente adjuntarán una copia de la denuncia a los organismos de protección de derechos.
Acompañamiento a menores.
El Ministerio de Educación resaltó que la escuela realizará el seguimiento o acompañamiento del estudiante, desde una mirada integral. Ante ello, brindaron consideraciones a tener en cuenta: tener una escucha y actitud respetuosa del relato y la intimidad; no ignorar ni realizar juicios de valor acerca de la veracidad de la sospecha o existencia de vulneración de derechos; no revisar el cuerpo en ninguna situación; no formular interrogatorios; no difundir la identidad de niños, niñas o adolescentes; evitar el contacto con la prensa para proteger su identidad y privacidad.
Fuente: Diario La Arena
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