En tierras mendocinas, con un gobernador que forma parte de su mismo espacio político, el flamante secretario de Deportes de Nación, Carlos Javier Mac Allister, reclamó abiertamente durante la semana pasada por los derechos de La Pampa sobre el río Atuel.
“Si salen de Mendoza, que es un vergel, y pasan por La Pampa, que es un desierto, se van a dar cuenta de lo complicado que es la situación. Eso necesita una resolución y el Estado tiene que estar bregando para saber a qué nos tenemos que atener cada uno. Yo soy pampeano y quiero que entiendan que quiero que el Atuel corra y que la decisión se tome pronto”, sostuvo el exfutbolista.
Mac Allister hizo ese oportuno reclamo durante una entrevista periodística donde habló de diferentes temas. Pero el caso del río quedó como excluyente.
Y si bien puede interpretarse que solo fueron declaraciones de ocasión, esos dichos salidos de la boca de un funcionario nacional no es un detalle menor. Sobre todo teniendo en cuenta la conocida postura de la clase política mendocina y de no pocos integrantes de esa comunidad.
El corte del Atuel por parte de Mendoza lleva décadas. Y la historia ya es bastante conocida. En 1947, debido a las obras en tierras cuyanas del dique El Nihuil, cesaron los últimos escurrimientos del río hacia La Pampa. De los cinco brazos del Atuel, actualmente solo queda activo el arroyo de La Barda y prácticamente ha desaparecido un humedal de casi un millón de hectáreas.
En 1987 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a partir de una demanda del Estado pampeano, consagró “la interprovincialidad” del río y pidió que ambas provincias negocien.
En 2008, en tanto, se firmó el Convenio del Atuel que establecía, entre otros puntos, obras en el sur mendocino y un caudal mínimo para nuestra provincia. Pero aún no se puso en marcha.
Por eso es que, desde 2014, está en marcha el reclamo judicial ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora, las declaraciones del funcionario nacional no pasaron desapercibidas.
Curiosamente, al otro día de que trascendiera la postura de Mac Allister, el secretario de Recursos Hídricos de la provincia, Javier Schlegel, repitió el argumento del gobernador Carlos Verna: que el único arreglo posible con la provincia cuyana para evitar el juicio es la existencia de agua en forma permanente.
Esa firme decisión política también fue puesta de manifiesto en otras dos áreas: durante la semana pasada el primer mandatario provincial pasó del dicho al hecho y no solo completó con autoridades extrapartidarias, las autoridades del Banco de La Pampa y de Pampetrol, tal como había prometido, sino que además en este último caso decidió poner en manos de la empresa petrolera estatal un área de explotación.
Como ya pasó con Jagüel de los Machos, que Rinconada-Puesto Morales pase del ámbito privado a la órbita de Pampetrol -una vez que caduque la concesión el 21 de enero-, es una señal más en busca del autoabastecimiento que necesita la provincia. Un camino que recién comienza, que le falta mucho por recorrer, pero que parece acertado.
Con la excusa de la complicada situación económica y financiera que atraviesa la Municipalidad de Santa Rosa, el intendente Leandro Altolaguirre decidió cortar el hilo por lo más delgado y no le renovó sus contratos a más de 60 trabajadores precarizados que fueron incorporados durante el último año de gestión de Luis Larrañaga.
Ese ajuste, por supuesto, tuvo y tendrá sus consecuencias: los ahora excontratados iniciaron una fuerte protesta que no solo amenaza con extenderse en el tiempo, sino que además podría alcanzar una escalada no recomendable para el novel jefe comunal.
Independientemente de las razones de uno y otro lado, el tema fue manejado desde su inicio de una manera cuanto menos irresponsable: la mayoría de los afectados se enteró que se quedaba sin trabajo sin ningún tipo de aviso previo.
A eso le siguieron algunas apariciones mediáticas un tanto desafortunadas del intendente capitalino. Esas declaraciones lo dejaron mal, incluso, frente al propio gobernador, quien se encargó personalmente de dejarlo órsay: “No me puede hacer responsable de una decisión que tomó él”, dijo Carlos Verna sobre los despidos en la comuna.
Altolaguirre entendió el mensaje, pero no el mal paso que dio: “Él (por Verna) no nos pidió cesantías… es una decisión del intendente”, se dijo a sí mismo en tercera persona.
Ya que parece tan dispuesto a asumir responsabilidades, más allá del costo político, estaría bueno que el intendente se anime a revisar varios casos de algunos empleados con apellidos “ilustres”: ahí están los verdaderos “ñoquis”, con categorías privilegiadas, que todas las mañanas cumplen tareas en otros ámbitos e impunemente regresan al fin de la jornada a pasar por el fichero.
El intendente tiene la posibilidad de agudizar el ingenio para salir del brete en que -como ya dijo- se metió él solo. El esfuerzo no parece menor, sobre todo teniendo en cuenta el poco empeño que han demostrado las actuales autoridades municipales en algunas cuestiones de fuerte contenido social.
Una de ellas -por ejemplo- fue el desanimado paso de los Reyes Magos por los barrios de la ciudad, un ritual obligado para esos niños pero que se postergó inexplicablemente cuatro días después.
Ante la supuesta falta de fondos estatales, posiblemente la “inversión” para realizar la tradicional fiesta que esta vez faltó hubiera salido de aquellos comerciantes y ciudadanos comunes siempre proclives a tender una mano solidaria. Pero, para ello se hubiese necesitado interés, ganas y decisión de cumplir un compromiso destinado a los que menos tienen. Cosa que no existió.
La otra, para terminar de describir el escenario de “achique”, fue alterar el habitual desarrollo de las colonias de vacaciones. Reducir a un solo punto de encuentro las colonias de verano es pasar por alto las características, las costumbres y las distancias entre los barrios periféricos de la ciudad: difícilmente los niños de los lugares más alejados tomen como propio el Parque Recreativo Don Tomás y terminen en la autoexclusión.
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