El Tribunal Oral Federal convalidó un acuerdo de juicio abreviado entre la fiscalía y los abogados defensores de Mártires Teófilo “Cacho” Aguirre y el resto de los detenidos, que habían sido detenidos en agosto del año pasado en un megaoperativo con nueve allanamientos simultáneos, y acusados de integrar una banda con ramificaciones en el interior de la provincia para comercializar cocaína.
Los jueces consideraron que no se pudo probar efectivamente la existencia de una organización. Y Aguirre, beneficiado con la desestimación de ese agravante, fue condendo a cuatro años de prisión efectiva por tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y una multa de mil pesos. Un piquense, Diego Enrique Pérez, recibió la misma pena, y también Daniel Reynaldo “La Garza” Pérez y Marcos Alejandro Luna, las dos personas que fueron detenidos en el Puesto Caminero de Padre Buodo el 12 de agosto del año pasado, cuando trasladaban 1,3 kilos de cocaína en una camioneta.
Ese hallazgo desató el megaoperativo con allanamientos y la detención del resto de los implicados en Santa Rosa, Castex, Victorica y Pico. El TOF aplicó penas en suspenso al reto de los condenados: Tamara Anahi Martires Aguirre y Marina Lis López, dos años en suspenso; Walter Danielo Ledesma, Fabio Ricardo Estrada, María Alejandra Guzmán y María Luján Blanco Erro, un año en suspenso; y Juan Carlos Heintz, un año y dos meses en suspenso.
El juicio abreviado no mantuvo la gravedad de la acusación con la que había elevado la causa la jueza Federal, Iara Silvestre, que comandó la investigación con la División de Toxicomanía de la Provincia, quienes habían presentado el caso como el desmantelamiento de la banda más grande dedicada a traficar cocaína en la provincia que se tenga cuenta hasta el momento.
Los jueces Jose Mario Triputi, Pablo Diaz Lacava y Marcos Aguerrido convalidaron el juicio abreviado en la sentencia que firmaron el 14 de agosto último. El acuerdo lo presentaron por un lado la fiscal subrogante, Noemí Rodríguez Ríos, y por el otro la defensora oficial Laura Armagno y los abogados particulares Gastón Gómez, Juan Carlos de la Vega y Marcelo Piazza.
Megaoperativo
La investigación se había inciado el 20 de enero del año pasado a partir de escuchas telefónicas que acercó la policía antinarcóticos a la jueza Federal, Iara Silvestre, en las que Mártires Teófilo “Cacho” Aguirre (54 años) aparecía comprometido con el comercio de droga. La magistrada autorizó a los uniformados para que filmaran los movimientos en las viviendas que frecuentaba el sospechoso, en Jujuy 349 y Convención Provincialista 555, en Santa Rosa.
A partir de esa vigilancia, se intervinieron más líneas telefónicas y se extendió la vigilancia a contactos implicados en la actividad de Aguirre, que supuestamente se extendía a Pico, Castex, Victorica y Trenque Lauquen.
El 12 de agosto al mediodía se precipitó la invetigación, cuando la camioneta Land Rover que conducían Daniel Reynado “La Garza” Ponce y Marcos Alejandro Luna fueron detenidos en el Puesto Caminero de Padre Buodo. Tenína 1,3 kilos de cocaína cuidadosamente oculta y preparada en 74 tizas.
La policía disparó una serie de allanamientos vinculadas al caso durante dos días. Esa misma tarde allanaron la casa de Aguirre, en calle Provincialista, donde secuestraron una tiza y fracción de cocaína, un celular, recibos de pago, guías de encomienda y anotaciones telefónicas. En Pico, en el departamento de Diego Pérez, hallaron 110 tizas de cocaína. En Santa Rosa, en Jujuy 349, encontraron 20 tizas de cocaína en poder de la hija de Aguirre, Tamara. En Maldonado 578, hallaron 17 tizas de cocaína y otros elementos en poder de Marina Lis López. En Vuelta de Obligado, entre Rio de La Plata y Paraná, allanaron a María Luján Blanco Erro, que tenía cinco rodajas de cocaína (8 gramos). En Pasaje Almafuerte 1345 de Satna Rosa, encontraron una tiza de 9 gramos, recortes de nylon y cuchillos con restos, en poder de María Alejandra Guzmán. Y, finalmente, en Eduardo Castex allanaron el domicilio de Juan Carlos Heintz, que tenia 4 tizas y fracción de cocaína que arrojaron un peso de 46 gramos, un cuchillo con restos de la misma sustancia y 125 semillas de la Cannabis Sativa.
En Trenque Launquen allanaron la casa de Walter Danielo Ledesma, que tenía en su poder 2 tizas de cocaína y un trozo de 22 gramos de la misma sustancia y 6 gramos de marihuana. En Victorica, allanaron el domicilio de Fabio Néstor Ricardo Estrada, donde secuestraron 4 tizas de cocaína (53 gramos) y recortes de nylon.
Roles no probados
El Juzgado Federal elevó la causa a juicio y consideró que había una banda dedicada al tráfico de cocaína, que “Cacho” Aguirre era el jefe, los detenidos en Padre Buodo eran proveedores y los demás actuaban como distribuidores. Sin embargo, en el juicio abreviado se descartó esa condición, que hubiera operado como un agravante en las condenas. Los jueces del TOF convalidaron esto. Avalaron la idea que esa acusación “no describió suficientemente el rol” de los implicados en la supuesta organización.
En cambio, el TOF sostuvo que no quedaro dudas respecto a que Ponce y Luna trasladaban para comercializar las 74 tizas de cocaína que se encontraron en la camioneta secuestrada en Padre Buodo. Respecto a Aguirre y Pérez, las escuchas telefónicas comprobaron la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. “Amigo tenés plata necesito para viajar pagué un cargamento, no se que paso”, “pudo ir a buscarlo”, “alcansámela hasta Metileo”, eran algunos diálogos que reprodujeron las escuchas.
Si bien esas escuchas también probaron que Aguirre le daba órdenes a su hija, Tamara, y a Marina Lis López, para guardar o llevar droga de un lugar a otro, consideraron que era una tarea de cooperación, que las ubicó como partícipes secundarias del delito.
En cuanto a la resonsabilidad de Heintz, Ledesma, Guzmán, Blanco Erro y Estrada, los jueces la encuadraron en el delito de tenencia simple de estupefacientes. “Pertenece a los delitos de peligro abstracto, en los que la conducta se supone peligrosa y se consuma por el sólo hecho de tener drogas a sabiendas de que se trata de sustancias prohibidas, que ponen en peligro a la salud pública”, explicaron.
El TOF estimó “justa y equitativa” la pena de cuatro años para Aguirre. “El imputado ha causado una favorable impresión personal a este juzgador al llevarse a cabo la audiencia de visu, donde ha reconocido su responsabilidad en el hecho que lo tuviera como protagonista y la admisión de su intervención, en oportunidad de suscribir el Acuerdo de Juicio Abreviado y la falta de condenas anteriores”, expresaron los magistrados.
La fiscalía había solicitado que las mujeres y los condenados con penas menores a tres años las cumplieran en forma efetiva. Sin embargo, los jueces concedieron en estos casos que lo hagan en libertad condicional. “Un cumplimiento efectivo de la pena impuesta resultaría ser desproporcional e irrazonable arrojando resultados negativos para los imputados. Recordemos que todos los imputados venían sufriendo penas de encierro, que si bien lo eran de manera preventiva, en los hechos no dista de ser una prisión efectiva. Ello sumado al reconocimiento de los hechos y a la admisión de su participación, me permiten entender como justo y razonable un cumplimiento en suspenso de la pena impuesta, ello en el entendimiento optimista de que ha hecho efecto en sus conciencias el poder punitivo del Estado en su máxima expresión, tornando innecesario continuar con el mismo”, justificaron.
Fuente: ElDiarioDeLaPampa.com.ar
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