El alojamiento de detenidos en la Alcaidía local, y también en comisarías, está siendo seriamente cuestionado por estas horas, porque las condiciones están lejos de cumplir con elementales normas de higiene y salubridad. La saturación hace que se produzcan permanentes conflictos, y pone en riesgo no sólo la seguridad de los internos, sino la de los propios agentes de esas dependencias.
La semana anterior fue la muerte de un recluso en la U-4 a raíz de una disputa entre internos; y el domingo último hubo otra pelea que terminó con un preso internado -«El Japonés» Padín- en la Seccional Tercera.
Incidentes que están pronto a sucederse en cualquier momento en lugares donde hay presos alojados. Ya sea en cárceles o dependencias policiales.
La superpoblación en sitios que no están preparados para albergarlos, los grandes calores que de por sí ponen de mal humor a cualquier mortal, se potencian cuando un individuo está encerrado junto a otros, y por supuesto eso puede constituir un foco de conflicto.
Hubo una muerte, y pueden haber más enfrentamientos sin que, por ahora, alguien tome medidas conducentes a atenuar circunstancias que son un verdadero caldo de cultivo de trances violentos.
Hacinamiento.
En la Alcaidía de Santa Rosa -preparada para recibir 64 detenidos- hay casi un centenar, lo que naturalmente produce una situación de aglomeración difícil de sobrellevar. Los internos se han llegado a ubicar -incluso- en alguna dependencia utilizada habitualmente como oficina por la escasez de lugares para alojarlos.
El encierro y el hacinamiento pasan a transformar el escenario en una bomba de tiempo. En la Alcaidía -y lo mismo sucede en otras dependencias policiales- son ubicados detenidos que están siendo sometidos a proceso, pero también otros que habiendo sido condenados no tienen lugar en la cárcel santarroseña.
Algunas fuentes han señalado que en algún momento los calabozos de la Seccional Segunda -que fueron clausurados por una orden judicial, por ser inhabitables- habrían sido no obstante utilizados para albergar detenidos ante la falta de plazas en otros lugares.
Las condiciones de encierro se tornan así inhumanas, y hace que se pierda el objetivo de cualquier privación de libertad. Conforme a lo que dispone la Constitución Nacional, se entiende que una condena debiera ir más allá del castigo y aspirar a la resocialización del individuo.
Usar la imaginación.
No es un problema nuevo, pero no se conoce que haya una decisión de las autoridades del área para cambiar la situación. El Ministerio de Gobierno no ha dado pautas claras para avanzar en una solución, y operadores del servicio de justicia advierten que ni siquiera lo ha intentado, más allá de alguna gestión ante las autoridades del Servicio Penitenciario Nacional, que parece no haber prestado ninguna atención al tema.
La solución de fondo aparecería compleja, pero habría que buscar algunas alternativas. Los que saben del tema dicen que no hay una optimización de los recursos del Estado -y aún sabiendo que algunas resoluciones pueden resultar polémicas- se pide aguzar la imaginación.
Por estos días, un ex jefe policial -ya retirado- explicaba que si bien el Ipesa ha sido creado con un fin determinado, por ahora estaría siendo desaprovechado: alberga sólo cinco adolescentes, y promediando el año anterior tenía nada más que dos.
El mismo oficial retirado indicaba que «por supuesto a nadie se le ocurre que esos chicos tengan que convivir con adultos presos o condenados, pero el edificio es lo suficientemente amplio, y permitiría atenuar el problema». El observador sostiene que hay pabellones bien diferenciados y lo suficientemente distanciados para al menos pensarlo. Por lo menos en la actual coyuntura y hasta avanzar en una solución más de fondo.
Fuente: LaArena.com.ar
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