Los especialistas de Gendarmería Nacional analizará en estos días la documentación recabada en un allanamiento a la delegación de la Policía Federal en esta capital por una denuncia por administración irregular. La investigación preliminar reveló problemas en la delegación norteña.
Una división técnica de Gendarmería Nacional analizará en estos días la documentación recabada en la causa donde la justicia federal investiga a un grupo de policías federales de la provincia denunciados por diversas irregularidades, mientras que ahora, apuntan a la comisaría de General Pico, que según la presentación «no trabajaba».
Estos agentes, entre ellos varios jefes federales, fueron denunciados por administración irregular de fondos públicos entre 2012 y enero de 2014 por unos 400 mil pesos y la posible connivencia con imputados en delitos vinculados al narcotráfico en 2011. La investigación derivó en un allanamiento a la delegación de Santa Rosa.
«Los técnicos de Gendarmería están comenzando a tratar la documentación que se obtuvo del allanamiento a la delegación de la Federal en Santa Rosa, el material lo están manejando ellos y de ahí veremos si sale material de interés para la investigación», comentaron fuentes de los tribunales federales.
La Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional estuvo a cargo del allanamiento a la delegación local, realizado en noviembre de 2014, y donde se retiró elementos relacionados con la causa: computadores, libros de asiento y otro tipo de documentación.
Apuntarían a Pico.
La causa se inició en 2013 y por ahora está frenada en el ámbito judicial debido a la feria de enero. Cuando se retomen las actividades, se tomarán nuevas medidas en la investigación que apuntarían a la Subdelegación de General Pico que «no trabajaba» según consta en la denuncia que llegó a la justicia.
En la pesquisa, se buscó también información sobre supuestos encubrimientos efectuados en el año 2011 por parte de responsables de la delegación santarroseña con respecto a algunas personas presuntamente vinculadas al narcotráfico en la región.
En principio, la investigación se hizo desde la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) para evitar que se filtre información. «Algunas de las cuestiones denunciadas eran los exagerados viáticos, ya que aparentemente pasaban más días de los que correspondían o el manejo de los vales de nafta, con los que cargarían autos particulares también», indicaron voceros judiciales.
En la causa, hay unos diez efectivos de la fuerza de seguridad investigados por la administración irregular de unos 400 mil pesos -la base del dinero que maneja la dependencia- y otras maniobras ilegales. Entre los uniformados sospechados, hay algunos jefes de alto rango.
Fuente: LaArena.com.ar
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