Un Comisario y un Jefe de Inspección de la Policía de Arroyo Seco, Santa Fe, fueron ayer imputados penalmente y separados de sus funciones al descubrirse que tenían a su cargo una seccional con servicios VIP, en las que algunos de los detenidos, entre ellos un barrabrava de Newell’s Old Boys acusado de dos asesinatos, utilizaban ilimitadamente teléfonos celulares y tenían televisores LED y aire acondicionado.
Fuentes judiciales informaron que el fiscal de Flagrancia y Delitos, Guillermo Apanowicz, confirmó que los principales imputados son el comisario Cristian Moya y el jefe de Inspección de la zona, Daniel Villaoa, su superior inmediato, y no descartó que pueda estar involucrado “personal subalterno”.
A ambos se les inició un proceso judicial por incumplimiento de los deberes de funcionarios público y fueron además separados de sus cargos al confirmarse que algunos de los reclusos alojados en la Seccional 27ª de Arroyo Seco disponían de televisores LED, heladeras, aire acondicionado y uso ilimitado de telefonía celular, informaron fuentes del ministerio de Seguridad provincial.
Entre los presos beneficiados se encuentra Diego “Panadero” Ochoa, integrante de la barrabrava de Newell’s Old Boys, imputado por los crímenes del su par Roberto “Pimpi” Camino y Maximiliano “Quemadito” Rodríguez, añadieron los informantes. De la pesquisa surgió que los beneficios de los que gozaban los presos eran a cambio de una suma de dinero.
La comisaría VIP fue descubierta durante un control realizado por personal la Secretaría de Control de la Fuerza de Seguridad de Santa Fe y de la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad.
“Anoche (por el lunes a la noche), mientras estaba de turno la fiscalía, me informaron que en un control rutinario llegan a la Seccional 27ª de Arroyo y encuentran que en una oficina, no en el penal, estaban alojadas tres personas detenidas, entre ellas el conocido como “Panadero” Ochoa, explicó el Fiscal a la prensa.
El representante del Ministerio Público agregó que al conocer esta situación ordenó un relevamiento fotográfico del lugar y la apertura de una causa penal al Comisario y al Inspector.
Apanowicz sostuvo que la evidencia de la irregularidad se evidencia en que “había presos que no recibían el mismo trato”.
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