Ana María Asencio es testigo de que La Pampa no tiene políticas públicas contra la violencia de género. Ana María y su familia son víctimas de violencia institucional.
Ana María es la mamá de Cintia González, una joven de 20 años, víctima de golpes, abusos y maltratos por parte de su pareja y padre de su hija.
Desde el 5 de diciembre, día en que Ana María denunció que su hija había sido víctima, una vez más, de los golpes de Bienvenido Martín Carra Muñoz, tanto la policía como el Poder Judicial obró con inoperancia e improvisación, pero sobre todo sin perspectiva de género.
A pesar de la orden de detención que pesaba sobre Carra Muñoz desde el 5 de diciembre, éste pudo llevarse a Cintia el día 13 del mismo mes, sin ningún obstáculo. En rigor, nadie lo buscaba. Pudo contactarse con su víctima a través de su celular y pudo comprar dos pasajes (dando sus datos completos) hasta Comodoro Rivadavia.
Carra Muñoz había intentado ahorcar a Cintia con un cable, pero, en rigor, nadie lo buscaba. Ni la policía de La Pampa, ni la Justicia de La Pampa.
Entre el 5 y el 13 de diciembre ningún organismo dedicado -y pagado- al efecto de prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género se acercó a Cintia a prestarle contención. Nadie abordó profesional e integralmente su problema y el de su beba. Nuevamente, como en el caso de Zulema Lieck, el acompañamiento en “la ruta crítica” no apareció.
Ana María, desde la desaparición de Cintia, aportó todos los datos a la policía y a la fiscalía. Sugirió la ciudad de Comodoro Rivadavia como destino, sugirió averiguar sobre la compra de pasajes, indicó la casa de una hermana del agresor en la misma ciudad. Nada avanzó. Siguió insistiendo, aun cuando desde la fiscalía lo primero que obtuvo fue: “si es mayor de edad no podemos hacer nada”.
El 28 de diciembre le dijeron que preparara un bolso porque en cuestión de horas la llevarían a encontrarse con Cintia. Era 31 y nadie la había pasado a buscar o, al menos, vuelto a llamar. ¿Qué paso? “Nadie” había dado esa orden. En palabras del Fiscal Ordás, él solo había dicho que Cintia estaba “medianamente” ubicada.
Hasta aquí, la policía le decía que no hable con nadie. Ni medios ni organizaciones. Cintia seguía sin dar señales.
Las señales aparecieron el día 31. Mensajes de texto. A pesar de esto, de que el teléfono es un GPS, todavía no tenían la ubicación.
El 5 de enero, Ana María pidió a la fiscalía respuestas concretas. El fiscal está de “feria”. Ese mismo día recurrió al fuero federal. Su hija era prostituida por Carra Muñoz en Toay. Los temores de Trata aparecieron.
El Fiscal Federal, Juan José Baric, mostró sorpresa por el tiempo que llevaban desaparecidas la joven de 20 años y su hija. En consecuencia, llamó a los responsables de su búsqueda para hacerse de información.
Con un apuro que no se había visto antes, los responsables de esa búsqueda dispusieron que Ana María viajara a Comodoro a encontrarse con Cintia esa misma tarde. También detuvieron a Carra Muñoz. Todas nos alegramos.
Casi con inocencia, pensamos, junto a Ana María, que Cintia estaría acompañada por un equipo de abordaje o atención a la víctima y que, como corresponde, Ana María sería escoltada con otro equipo desde acá para contener el encuentro. Inocencia es la palabra. Nada de eso ocurrió. Ana María viajó sola a Comodoro Rivadavia. Con un chofer y en un auto que creía de la Municipalidad de Toay, pero que resultó ser del Consejo Provincial de la Mujer, fue a buscar a su familia.
No lo dejemos pasar: un auto fue la única intervención del Consejo Provincial de la Mujer.
Hasta aquí, día 5 de enero, un mes después la denuncia, Cintia no había sido atendida por nadie y seguía en la casa de la familia de su agresor. La Unidad de Género de Comodoro Rivadavia no tenía intervención y la Fiscalía acababa enterarse del caso. Ana María, luego de viajar 1500 km, tuvo que explicarles de qué se trataba la situación que vivía su hija. En rigor, nadie buscaba a Cintia o a su beba. Nadie, a pesar de la orden de detención del 5 de diciembre, buscaba a Carra Muñoz.
Ana María volvió como fue: sola. Cintia continúa en el círculo de violencia del que es víctima desde que conoció a Carra Muñoz.
Ana María, sin embargo, continuará exigiendo a los órganos responsables que den respuestas a su hija, hoy embarazada, y a su nieta.
Un grupo de mujeres hemos acompañado a esta madre, sin invadir la voluntad de sus acciones, y sin entorpecer la actividad de los órganos obligados (la “torpeza” les pertenece, toda).
Una vez más, vemos cómo La Pampa se niega a implementar políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Ana María, Cintia y su familia hoy son víctimas de las instituciones y eso debe tener un costo.
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