El oficialismo buscará este miércoles en Diputados darle media sanción a la ley de Inocencia Fiscal II y a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA); dos proyectos empujados por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía Luis Caputo. También al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), prometido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque dejaron un capítulo clave en reserva.
La sesión, convocada por Martín Menem para las 12, fue solicitada por legisladores de distintas bancadas, lo que indica que el número para el quórum está garantizado. Para eso, como contó Clarín, el oficialismo hizo varias concesiones: incorporó una batería de proyectos presentados por bancadas aliadas y que responden a gobernadores.
El pedido de sesión fue firmado por La Libertad Avanza, que tiene 95 diputados, el PRO (12), UCR (6), los tucumanos de Independencia (3), los sanjuaninos de Producción y Trabajo (2) e Innovación Federal, que reúne a 9 miembros con misioneros y salteños, y que a partir de mañana se relanzará con otro nombre y nuevo jefe de bancada.
También acompañaron la solicitud la radical bonaerense, Karina Banfi, el santacruceño José Luis Garrido, la neuquina Karina Maureira y la santafesina Gisela Scaglia, jefa de bloque de Provincias Unidas, aunque lo hizo a título personal y no todos los miembros de la bancada están en la misma sintonía.
Con todos los mencionados el oficialismo tiene más de los 129 diputados necesarios para abrir la sesión, que se prevé será maratónica.
Horas antes igualmente amplió el temario para incorporar un proyecto de Unión por la Patria: la "Ley Joaquín", que tiene por objeto “establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad destinadas a prácticas deportivas y recreativas”. Concretamente, la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos deportivos y juegos de plaza en lugares públicos y privados. Una forma de mantener el interés por la sesión hasta el final, para que el quórum no se caiga en el camino.
En cambio, decidió no incorporar el proyecto que impulsaba la derogación de una ley aprobada durante el kirchnerismo y que creaba un tribunal en Santa Cruz para fallar en causas por corrupción porque varios de sus aliados -que advirtieron que el acompañamiento al Gobierno será "ley por ley"- habían respaldado al peronismo en su rechazo durante el debate en comisión-.
La oposición presionará por endeudados y discapacidad
La sesión se prevé extensa no solo porque hay 17 expedientes en consideración, sino también porque se descuentan numerosas cuestiones de privilegio y una movida de la oposición para intentar incorporar a la discusión el proyecto de extensión por un año de la emergencia en discapacidad y las más de 30 iniciativas presentadas por el problema de familias endeudadas.
Saben que no tienen número para eso, porque necesitan mayorías agravadas para incluir esos puntos en el temario, pero aprovechará la tribuna para poner el tema sobre la mesa y tantear apoyos.
Mientras tanto, se organizan para pedir una sesión especial para dentro de 15 días por ambos proyectos.
Uno por uno, qué proyectos se votan
Con el proyecto de Inocencia Fiscal II el oficialismo propone modificar la ley aprobada en diciembre pasado y eliminar los límites de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado de Ganancias. De acuerdo al nuevo texto, podrán adherir todos, excepto funcionarios, legisladores y magistrados, aunque los grandes contribuyentes tendrán menos beneficios. También se redefine qué se considera una “discrepancia significativa” para abrir las investigaciones de ARCA.
En paralelo, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA establece como único objetivo preservar el valor de la moneda, prohíbe que el Banco Central financie al Estado y exige una mayoría de dos tercios de ambas Cámaras para remover a su presidente. Sobre este tema, hay todavía sectores, como el MID, los cordobeses y otros, pidiendo retoques.
La Libertad Avanza buscará aprobar también el aval al Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur y el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), prometido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Patentes, sin un capítulo clave
El convenio, firmado originalmente en 1970 y administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), establece un sistema internacional simplificado para la tramitación de patentes. El Senado le dio media sanción en 1998, pero la Cámara de Diputados nunca llegó a ratificarlo. Al tratarse de un tratado -y no de un proyecto de ley- no perdió estado parlamentario. Este año, el Gobierno decidió reflotarlo como parte del acuerdo bilateral con Estados Unidos.
La intención era que el convenio quedara validado a fines de abril, pero el dictamen se demoró inicialmente por el fuerte lobby de las farmacéuticas y los laboratorios locales.
Finalmente, para reunir las firmas necesarias, el oficialismo aceptó hacer reserva del Capítulo II del tratado, que regula el examen preliminar internacional. Los laboratorios nacionales advertían que ese mecanismo podía ser utilizado para favorecer patentes extranjeras y prácticas monopólicas, en detrimento de los medicamentos de producción local. Varios países, de hecho, también ratificaron el convenio sin adherir a ese capítulo.
En concreto, advertían sobre la estrategia de evergreening, que consiste en patentar modificaciones menores de medicamentos ya existentes para extender artificialmente su exclusividad y bloquear la competencia durante otros 20 años. Según cámaras como CILFA, esta práctica podía afectar la soberanía sanitaria y debilitar a la industria farmacéutica argentina.
Si este miércoles se aprueba, deberá volver al Senado para ratificar la modificación. Desde el Ejecutivo, señalaron en su momento que la mayoría de los países que aplicaron esa reserva inicial la dejaron sin efecto con el tiempo.
Concesiones a aliados
El resto son concesiones a aliados, toda una novedad en la estrategia libertaria. El oficialismo incorporó el proyecto de baja del IVA a la mandioca (un pedido por los misioneros), una batería de capitales nacionales (desde “la Capital del Cerdo Negro” hasta la de la “Natación en Aguas Frías”) e iniciativas judiciales para crear salas de apelaciones en Mar del Plata y Tucumán presentadas por el radical Maximiliano Abad y la tucumana Beatriz Ávila.
También una iniciativa para declarar al Camino de Brochero como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, un proyecto de la senadora cordobesa Alejandra Vigo (peronista no K) que si se aprueba será ley.
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