Un hombre de 36 años fue condenado hoy a 12 años de prisión por ser autor del delito de abuso sexual con acceso carnal a una niña menor de trece años, agravado por ser encargado de su guarda, y en el marco de las leyes nacionales 26.485 de Protección Integral contras las mujeres y 26.061 Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La víctima fue una sobrina.
La sentencia fue dictada por el juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín, tras la realización del juicio oral. En los alegatos de cierre, la fiscala María Virginia Antón requirió la calificación legal y la pena que finalmente se le impuso al imputado; mientras que el defensor particular, Benjamín Eugenio Ortíz, si bien aceptó la materialidad de los hechos, pidió que sea declarado inimputable porque no pudo comprender la criminalidad de sus actos ni dirigir sus acciones.
Acerca de ese último planteo, el juez dijo que esa presunta “condición mental anómala y excepcional al momento del hecho” debía justificarse “argumental y probatoriamente”, ya que no bastaba con su sola mención; y acotó que no existió ninguna prueba que “respaldara mínimamente esa afirmación”.
En cambio, Miguez Martín consideró creíble el relato de la víctima al calificarlo de “espontáneo, exhaustivo y sin contradicciones” y, por ello, dio por probado que el acusado, tío de la niña de cuatro años, abusó de ella.
El magistrado, además, le mantuvo al imputado la prisión preventiva, en los mismos términos que le fue dictada hace un año –sustituida por las prohibiciones de acercamiento a la víctima y a su domicilio y de comunicación con ella por cualquier medio– y, complementariamente, le impuso otras tres condiciones: no contactarse con una testigo, fijar domicilio y presentarse todos los viernes en una comisaría.
Finalmente, el magistrado ordenó la detención inmediata del agresor sexual una vez que el fallo quede firme o ejecutable; como así también su incorporación al Registro de procedimiento y notificación de antecedentes de condenados por delitos contra la integridad sexual, y la obtención de muestras genéticas para lograr su identificación y ser remitidas al Laboratorio de Genética Forense, dependiente del Ministerio Público Fiscal.
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