El gobernador Gavin Newsom y el fiscal general Rob Bonta anunciaron que California encabeza una demanda para bloquear los intentos del gobierno federal de condicionar la financiación de la seguridad pública a exigencias vinculadas con las elecciones de noviembre.
“Una y otra vez, los tribunales le han dicho a la corrupta administración de Trump que no puede coaccionar a California para que haga su voluntad amenazando con retener fondos para la seguridad pública”, dice el gobernador Newsom en un comunicado.
Agrega que, “sin embargo, vuelven a la carga, porque, esta vez, exige que los estados modifiquen sus propias leyes electorales para acceder a fondos que financian la preparación y respuesta ante emergencias de seguridad pública; sencillamente, no lo permitiremos”.
Bonta agrega: “La Administración Trump ya ha perdido batallas similares en los tribunales, y prevemos que este último intento ilegal también fracasará”.
¿Cuáles son los fondos en disputa?
La denuncia de California tiene como eje 150 millones de dólares anuales en fondos de seguridad pública aprobados por el Congreso, administrados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).
La demanda es otro capítulo en la disputa que mantienen Newsom y Trump. Foto: Mark Schiefelbein. AP.
El Programa de Subvenciones para la Seguridad Nacional (HSGP) respalda iniciativas para capacitar a los servicios de emergencia, fortalecer la ciberseguridad, adquirir equipos esenciales y ayudar a las agencias públicas a prepararse para amenazas graves. Pero, según la demanda de California, Trump quiere usar el Programa como “arma política” y exige:
• Requisitos electorales. Los estados tendrían que adoptar las políticas electorales preferidas por Trump como condición para recibir fondos del HSGP. Si no cumplen, podrían perder el 20% de estos fondos.
• Control migratorio. Además, los estados se verían obligados a destinar fondos estatales y locales, incluyendo personal y otros recursos, para colaborar con la aplicación de las leyes federales de inmigración. Los tribunales ya han bloqueado estas mismas condiciones.
• Mecanismo de interrupción de la financiación para desastres. Trump quiere otorgarle a FEMA amplia autoridad para recortar la financiación en cualquier momento basándose en "prioridades de la agencia" vagas y subjetivas, creando incertidumbre sobre los recursos de gestión de emergencias.
La demanda colectiva sostiene que los requisitos del gobierno federal son ilegales porque el Congreso nunca otorgó al DHS ni a la FEMA autoridad para imponer condiciones tan drásticas a estas subvenciones.
Además, aseguran que las agencias no siguieron los procedimientos de toma de decisiones requeridos y los requisitos violan la Cláusula de Gasto al coaccionar a los estados mediante condiciones de financiación que no guardan ninguna relación con los propósitos del programa.
La demanda, según explica el comunicado de Newsom, forma parte de un esfuerzo más amplio para contrarrestar los intentos de interferir en la administración electoral de California.
En mayo, Newsom firmó el proyecto de ley SB 73 para fortalecer las protecciones electorales. Esto incluye mayores garantías en torno a las papeletas, la tecnología de votación y la interferencia de las fuerzas del orden en el proceso electoral.
Newsom afirma que el gobierno de Trump quiere condicionar las elecciones legislativas de noviembre. Foto: Rich Pedroncelli. AP.
También en mayo, el estado anunció la resolución satisfactoria de otra demanda sobre los recortes de última hora al HSGP después de que la Administración Trump retirara su apelación contra la orden final que resolvía de forma permanente el caso de la subvención de seguridad nacional a favor de California.
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