{"id":22825,"date":"2026-07-16T00:14:00","date_gmt":"2026-07-16T03:14:00","guid":{"rendered":"https:\/\/impactocastex.com.ar\/?p=22825"},"modified":"2026-07-16T00:14:00","modified_gmt":"2026-07-16T03:14:00","slug":"la-corte-suprema-y-la-deferencia-como-abdicacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/impactocastex.com.ar\/?p=22825","title":{"rendered":"La Corte Suprema y la deferencia como abdicaci\u00f3n"},"content":{"rendered":"<p><b>Desde hace a\u00f1os<\/b>, la Corte Suprema Argentina ha asumido una conducta jur\u00eddica fundamentalmente pasiva, que suele disfrazar bajo el traje doctrinario de la <i>deferencia<\/i> (i.e., respeto) hacia el poder pol\u00edtico democr\u00e1tico. Veo dos problemas principales en la actitud asumida por nuestra Corte. Por un lado, su conducta omisiva expresa, en verdad, una cuestionable postura pol\u00edtica que linda con la negligencia, antes que un principio doctrinario, y por otro, en el mejor de los casos, la deferencia judicial (o <i>self-restraint<\/i>) representa una conducta tan reprochable como podr\u00eda representarlo el activismo ciego o sin principios de los jueces. Contra esa actitud de la Corte, solapada o directamente errada, quisiera defender una postura diferente, que propone: <i>deferencia <\/i>judicial solamente ante las decisiones respaldadas por un robusto acuerdo democr\u00e1tico y, a la vez, un fuerte <i>activismo<\/i> en defensa de las condiciones (procedimentales) que hacen posible que se tomen decisiones democr\u00e1ticas.<\/p>\n<p><b>Se trata de un compromiso que debe asumir<\/b> la Corte, siempre, pero especialmente ante situaciones como las que vemos en los \u00faltimos a\u00f1os, en las que aparece un gobierno que (no importa su signo ni ideolog\u00eda) pretende regir a trav\u00e9s de decretos que reemplazan o denigran la autoridad del legislativo, que abiertamente se declara en rebeld\u00eda frente a las \u00f3rdenes judiciales que debe cumplir, que desobedece sin m\u00e1s al Congreso, como si no existieran sus \u00f3rdenes en forma de leyes, que restringe \u2013en lugar de fortalecer\u2013 a los foros p\u00fablicos (i.e., limitando el accionar de los periodistas o restringiendo las conferencias de prensa), que trata a sus cr\u00edticos como enemigos, que se involucra desprolija y recurrentemente en actividades ilegales. En ocasiones tales, la Corte \u2013reciba o no el llamado ciudadano a intervenir\u2013 debe estar all\u00ed, haci\u00e9ndose presente, para salvaguardar a una democracia que vacila, y cuyo fuego amenaza con apagarse. Y debe intervenir tantas veces y tan vigorosamente como sea necesario (y no ocasionalmente, como si nos ofreciera una concesi\u00f3n graciosa; o excepcionalmente, como si no fuera un accionar obligatorio el que se le exige; o de modo muy infrecuente, como si ella no quisiera incomodar a la pol\u00edtica, haci\u00e9ndose demasiado presente). El m\u00e1ximo tribunal tiene una tarea crucial\u00edsima que cumplir, a partir del lugar institucional prominente que ocupa, y urgente a la vez, en este tiempo. Y cuando no cumple sistem\u00e1ticamente con su misi\u00f3n asignada, su no actuar merece ser considerado no como \u201cdeferente\u201d o respetuoso hacia la pol\u00edtica, sino como irresponsable.<\/p>\n<blockquote>\n<p>Una postura de pasividad\/deferencia como la que toma la Corte resulta esencialmente equivocada<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><b>Cabe aclarar por qu\u00e9<\/b> una postura de pasividad\/deferencia como la que toma la Corte resulta esencialmente equivocada. Originalmente, y frente a una tradici\u00f3n de fuerte intervencionismo judicial, la deferencia judicial pudo ser defendida en nombre de la democracia. La raz\u00f3n que se invocaba resultaba noble: en una sociedad organizada democr\u00e1ticamente, las principales decisiones pol\u00edticas (c\u00f3mo organizar la econom\u00eda, qu\u00e9 pol\u00edtica de seguridad adoptar, etc.) deben ser tomadas por la pol\u00edtica \u2013en las calles, en las asambleas, en el Congreso\u2013 y no en los tribunales. Lo mejor de la doctrina y la jurisprudencia de entonces (fines del siglo XIX, comienzos del XX) coincidi\u00f3, con buenas razones, en la adopci\u00f3n de una postura semejante. El acad\u00e9mico James Thayer public\u00f3 un famoso ensayo, en 1893, en donde sostuvo que \u2013salvo \u201cerror manifiesto\u201d\u2013 los tribunales no deb\u00edan atacar la validez de las leyes elaboradas por el Congreso. En l\u00ednea con Thayer, el famoso juez de la Corte norteamericana, Oliver Wendell Holmes, sostuvo en un caso tambi\u00e9n c\u00e9lebre, que el m\u00e1ximo tribunal no deb\u00eda considerar inconstitucional una ley por el mero hecho de que sus miembros as\u00ed lo creyeran. Otro notable juez de esa Corte, Felix Frankfurter, se convirti\u00f3 por entonces en el principal defensor de la doctrina de la autorrestricci\u00f3n (<i>self-restraint<\/i>), argumentando que las decisiones pol\u00edticas principales deb\u00edan quedar, salvo situaciones excepcionales, en manos de los \u00f3rganos pol\u00edticos democr\u00e1ticos. Alexander Bickel, poco despu\u00e9s, escribi\u00f3 uno de los principales libros producidos en el \u00e1rea (<i>The Least Dangerous Branch<\/i>, es decir, \u201cla rama del poder menos peligrosa\u201d), para sostener que los tribunales deb\u00edan ejercer sus \u201cvirtudes pasivas\u201d y dejar que el proceso pol\u00edtico madurara sus propias decisiones.<\/p>\n<blockquote>\n<p>La \u201cdeferencia\u201d de los tribunales ante las decisiones democr\u00e1ticas se justifica, si y solo si, las decisiones pol\u00edticas examinadas pueden considerarse, en un sentido real y no trivial, \u201cdemocr\u00e1ticas\u201d<\/p>\n<\/blockquote>\n<p><b>Todos los argumentos que se ofrecieron hace d\u00e9cadas en sost\u00e9n<\/b> <b>de unos tribunales<\/b> \u201cpasivos\u201d o \u201cdeferentes\u201d a la pol\u00edtica resultaron pertinentes y de inter\u00e9s. De hecho, muchos de quienes defend\u00edan la posici\u00f3n contraria (tribunales activos contra el Legislativo y el Ejecutivo) lo hac\u00edan por razones usualmente elitistas, es decir, por desconfianza hacia la democracia. Esos tribunales de la \u201cdesconfianza hacia la pol\u00edtica\u201d fueron comunes en la Argentina (i.e., en la \u00e9poca de Yrigoyen, contra un Estado activo); o en Estados Unidos (contra Roosevelt y el nacimiento del Estado de Bienestar).<\/p>\n<p>Dicho esto, lo cierto es que <b>la propuesta que gan\u00f3 fuerza entonces<\/b> \u2013comienzos del siglo XX\u2013 en favor de la \u201cdeferencia\u201d judicial, sufr\u00eda un problema muy fuerte, propio de la misma l\u00f3gica en la que se apoyaba. Ocurre que la \u201cdeferencia\u201d de los tribunales ante las decisiones democr\u00e1ticas se justifica, si y solo si, las decisiones pol\u00edticas examinadas pueden considerarse, en un sentido real y no trivial, \u201cdemocr\u00e1ticas\u201d. Sin embargo, claramente, ese no era el caso cuando la decisi\u00f3n en cuesti\u00f3n ha sido tomada en violaci\u00f3n de las reglas democr\u00e1ticas (i.e., a partir de situaciones de censura pol\u00edtica o prohibici\u00f3n de partidos pol\u00edticos o sindicatos; o incumpliendo las exigencias procedimentales establecidas por la Constituci\u00f3n para la aprobaci\u00f3n de leyes; etc.); o se trata de una ley dirigida a impedir o a afectar el funcionamiento del sistema democr\u00e1tico (i.e., leyes destinadas a \u201ccolonizar\u201d a los tribunales; leyes \u201cmordaza\u201d sobre la prensa; leyes dirigidas a hacer \u201ctrampas\u201d en el dise\u00f1o de los distritos electorales \u2013<i>gerrymandering<\/i>, etc.\u2013). En casos tales, los tribunales no tienen derecho a proclamar, orgullosos, que con su no intervenci\u00f3n o pasividad, ellos est\u00e1n \u201crespetando la voluntad democr\u00e1tica\u201d de los legisladores. Por el contrario, en situaciones de ese tipo \u2013cuando estamos frente a una ley producida en violaci\u00f3n de las reglas democr\u00e1ticas, o dirigida a violentarlas\u2013 la omisi\u00f3n judicial \u2013la \u201cdeferencia\u201d de los jueces\u2013 se convierte, en verdad, en una actitud de complicidad con el socavamiento de la democracia<i>. <\/i>Entonces, en lugar de ser respetuosos de la democracia \u2013como declaman los jueces\u2013 ellos pasan a ser protagonistas y corresponsables de su quebrantamiento.<\/p>\n<p><b>La coyuntura que hoy atravesamos en la Argentina exhibe caracter\u00edsticas tristes<\/b> y tr\u00e1gicas. Nos encontramos frente a un gobierno que tiene verg\u00fcenza de proclamarse democr\u00e1tico, un gobierno que, m\u00e1s bien, en cada oportunidad que tiene, o frente a cualquier situaci\u00f3n ante la que se siente \u201cvictorioso\u201d, muestra su desd\u00e9n hacia la democracia y le falta el respeto a la Constituci\u00f3n (incumple las leyes, desobedece a la Justicia, se autocelebra con im\u00e1genes de arrasamiento de las instituciones democr\u00e1ticas). En esa intemperie legal en la que quedamos, el activismo intenso y constante de la Corte en resguardo de las instituciones y procedimientos de la democracia resulta imprescindible, imperioso. Su silencio, sus omisiones, su habitual ausencia en definitiva, no deben ser le\u00eddas, por tanto, como actitudes de respeto hacia la pol\u00edtica. Lo que ocurre entonces es otra cosa: los jueces abdican de su deber constitucional prioritario, y de ese modo ponen en riesgo la misma preservaci\u00f3n de la democracia.<\/p>\n<p>\u200bEl m\u00e1ximo tribunal tiene una tarea crucial\u00edsima que cumplir, a partir del lugar institucional prominente que ocupa\u00a0\u00a0<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Desde hace a\u00f1os, la Corte Suprema Argentina ha asumido una conducta jur\u00eddica fundamentalmente pasiva, 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