El gobierno provincial planteó la situación de colapso en los lugares de alojamiento de detenidos. En el encuentro con el viceministro de Justicia nacional también estuvo el presidente del STJ.
El gobierno provincial y el Superior Tribunal de Justicia le plantearon de modo muy concreto la problemática del hacinamiento carcelario al gobierno nacional y esperan una respuesta oficial.
En ese encuentro estuvieron los ministros de Gobierno y Justicia Pablo Bensusán y de Seguridad Horacio di Nápoli, además del presidente del Superior Tribunal de Justicia José Sappa.
Las autoridades pampeanas trasladaron sus inquietudes al viceministro de Justicia Martín Mena.
El encuentro fue para realizar trámites tendientes a posibilitar la ampliación de cupos en el Servicio Penitenciario Federal.
Ante las dificultades inmediatas para concretar el pedido pampeano, “nos mandaron más tobilleras, para utilizar esa herramienta electrónica en los casos que se pueda dictar el arresto domiciliario. Tenemos que utilizar todas las herramientas e insumos”, apuntó el ministro Bensusán.
En las últimas horas, la otra medida oficial para buscar una solución a ese problema fue la habilitación de las alcaidías de los centros judiciales de Santa Rosa y General Pico, tal como se informa aparte.
Esa solicitud formal, presentada con la firma del ministro de Seguridad Horacio di Nápoli, destaca que el pedido se fundamenta “a los efectos de prevenir posibles contagios de coronavirus tanto entre personas detenidas a partir del día de la fecha como así también entre estas y quienes se hallan detenidas previamente, evitando el ingreso del virus a los establecimientos de detención”.
También aclara que tanto su cartera, como la de Salud, se harán cargo del mantenimiento y las medidas que hubiera que tomar mientras dure el acuerdo. Bensusán manifestó que se solicitaron esas instalaciones para que “aquellas personas a las que se les dicte una prisión preventiva o aquellos condenados que deban hacer efectiva su privación de la libertad, puedan hacer allí su detención previa al ingreso a otras dependencias”.
Entre las celdas de las alcaidías judiciales de Santa Rosa y General Pico suman alrededor de una treintena: “para nosotros es importante ese número, a los fines preventivos sanitarios”, precisó.
Fuente: El Diario
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