El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, junto a la asamblea de La Garganta Poderosa y la cooperativa La Comunitaria, renovó su reclamo contra la violencia institucional en la provincia tras conocerse el caso de Francisco Vivandelli en General Acha.
En una carta abierta dirigida al subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, y por extensión al gobernador Sergio Ziliotto y al ministro de Justicia Daniel Bensusán, plantearon “una profunda preocupación con respecto al accionar represivo ejercido por la Policía de La Pampa sobre la población civil, en ocasión de sus intervenciones en casos de violaciones a los estados de cuarentena por la pandemia del coronavirus”.
El domingo, el MPPDDHH había repudiado el aval del jefe de Policía al accionar policial tras el hecho donde un joven fue herido con balas de goma en General Pico cuando fue a comprar pan. “En ese comunicado alertábamos acerca de la peligrosidad de avalar estas prácticas o justificarlas, ya que entendíamos que si las mismas se naturalizan, podíamos tener consecuencias mucho más lamentables”, recordaron.
“A pocas horas de tener estado público dicho comunicado, tomamos conocimiento del gravísimo hecho acontecido en la comisaría de la localidad de General Acha. Este gravísimo hecho demuestra que nuestra preocupación tenía fundadas razones. En nombre de preservar a la población del posible contagio, no se pueden utilizar prácticas represivas que pongan en peligro la vida de las personas”, advirtieron.
“Exigimos que desde los organismos del Estado nos den una respuesta acerca de estos hechos, que se interpele al jefe de La Policía, que se hagan investigaciones y se sepa la verdad, por el bien de toda la sociedad”, insistieron.
“Esperamos que el joven Francisco se recupere, que su familia pueda tener respuestas concretas acerca de lo acontecido y que este no termine siendo un hecho más de tantos donde el Estado es responsable, y nadie pague por ello”, subrayaron.
Pidieron que la pandemia del Covid-19 “no termine siendo una excusa para el ejercicio de la represión, sobre todo con las personas más vulnerables o los pibes de los barrios. No podemos callarnos, ni aceptarlo, porque si lo hiciéramos, seriamos cómplices de una regresión en la ganancia de derechos por los cuales el campo popular ha peleado por décadas”.
Pidieron a Ziliotto, Bensusán y también a la Subsecretaría de Derechos Humanos una investigación “responsable”. “No aceptaremos relatos armados para justificar un hecho de tanta gravedad, acompañamos a Francisco y a la familia Vivandelli, porque se merecen tener respuestas ciertas”, remarcaron.
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