El presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, Julio Pechín, afirmó ayer que en el caso del intendente de Anguil, Héctor Delahaye, el partido centenario no activará los mecanismos que establece el Tribunal de Conducta su carta orgánica para los casos de inconductas de los afiliados. El jefe comunal fue denunciado por concejales justicialistas de la localidad que descubrieron que se pagaron con fondos del municipio las facturas del gas natural del comité anguilense de la UCR.
«Fueron dos o tres facturas, por 3.200 pesos. Fue un error administrativo de un empleado de la Municipalidad. Pensó que eran de la Municipalidad y las pasaron. Los concejales la vieron y, con razón, le dijeron que eso no correspondía y que iban a realizar la denuncia penal, que es lo que corresponde. Pero acá no hubo mala fe, fue un error administrativo», explicó Pechín.
El dirigente piquense aseguró que casos de mayor gravedad, como el de las facturas truchas del municipio de Unanue, se resolvieron con un juicio abreviado, siendo que se trataba de un caso de mayor gravedad, al tratarse de un delito continuado. «Pero acá no hay mala fe», insistió al describir el caso de Delahaye como «no doloso».
Tribunal de Conducta
La Carta Orgánica de la UCR pampeana establece como una de las funciones del Comité Provincia la de juzgar y aplicar sanciones a los afiliados que violen las disposiciones de la citada Carta Orgánica, sus reglamentaciones y las decisiones de los organismos competentes o en caso de inconducta. En esos casos, el comité aplica las sanciones, las cuales pueden apelarse ante el Tribunal de Conducta.
Este último, está integrado por cinco miembros titulares y tres suplentes, elegidos por la Convención Provincial. De entre ellos debe designarse a un presidente, un vice y tres secretarios. Sus decisiones deben ser acordadas con un mínimo de tres votos coincidentes.
El Tribunal tiene las siguientes facultades: conocer y decidir en toda cuestión relativa a la conducta del afiliado y a sus deberes de disciplina; conocer y decidir en todas las apelaciones interpuestas por ante el mismo, contra las medidas disciplinarias y demás sanciones impuestas por los Comités o el Comité Provincia; y ordenar v realizar investigaciones y requerir informes; entre otras.
Las sanciones a los afiliados van desde una amonestación hasta una expulsión, pasando por una suspensión por tiempo determinado.
Fuente: La Arena
Deja tu comentario!