La presentación fue realizada por el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi que apuntó al poder judicial tras conocerse las visitas de altos magistrados y encumbrados fiscales a la quinta de Olivos.
“No debe olvidarse que se trata de hechos de extraordinaria gravedad, los cuales, en rigor de verdad, sólo han sido hasta ahora parcialmente esclarecidos, sin que se pueda descartar que la asociación criminal que se investiga en autos, direccionada desde el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), haya tenido ramificaciones en otros poderes del Estado, dato que tornaría aún más compleja la situación institucional que se ha planteado”, advirtió Beraldi.
La maniobra quedó al descubierto al comparar los registros de ingreso que obtuvo El Destape con el material parcial y editado que la gestión macrista le entregó a Poder Ciudadano cuando la ONG le exigió, vía un pedido de acceso a la información pública, que facilitara una copia de los registros de entrada a la residencia presidencial.
La presentación para indagar al secretario de Mauricio Macri nuevamente fue realizada por el abogado Carlos Beraldi, quien remarcó que distintos medios periodísticos dan cuenta de que el imputado Darío Hugo Nieto, en su carácter de Subsecretario de la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales (Secretaría General de la Presidencia) evacuó, el 24 de enero de 2019, una solicitud de información efectuada por “Poder Ciudadano”.
En dicha oportunidad, se le entregó a la ONG una lista con nombres y apellidos ordenados alfabéticamente de las personas que habían ingresado a la Residencia Presidencial de Olivos.
Según surge de la presentación, la respuesta brindada por el imputado es que “adolecía de serias deficiencias, a saber, no se especificaban, entre otras cosas, los motivos por los cuales las personas enumeradas habían ingresado a la Quinta de Olivos, así como tampoco la fecha ni hora de entrada y salida”.
Frente a tal irregularidad, Poder Ciudadano formuló sendas impugnaciones, tanto en la esfera administrativa y judicial y, como resultado de esta última, aparentemente recién con el cambio de gestión gubernamental se dio respuesta en debida forma a la solicitud ya mencionada.
Beraldi destacó que por su directa vinculación con la causa, en la información que Nieto aportara a la ONG, si bien se daba cuenta del ingreso de Gustavo Arribas, el ex titular de la AFI macrista, a la Quinta de Olivos, como ocurría con el resto de los casos “tampoco se exteriorizaron los motivos de su/s visita/s ni los datos cronológicos de la/s misma/s”.
El abogada de la Vicepresidenta destacó que “no se daba cuenta del ingreso de varios magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal a la Quinta de Olivos, destacándose, entre tales omisiones, las reiteradas visitas del juez Mariano Borinsky (quince oportunidades), así como también del Fiscal General Raúl Pleé (una oportunidad)” . Pleé y Borinsky intervinieron en el expediente y fueron quienes avalaron el pedido del macrismo para que el caso pase a los tribunales de Comodoro Py.
Beraldi también puso de relieve que en el celular que oportunamente se le secuestrara a Darío Nieto en el marco de la causa, apareció una mención en la que se hace referencia al juez Borinsky, con la siguiente indicación “Hablar con Borinsky. Tema denuncia, administrativo y penal”.
En la presentación se solicitan diversas medidas de prueba como que se oficie a Poder Ciudadano, a efectos de que remita todos los antecedentes vinculados con la solicitud de información.
También que se libre oficio a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, a fin de que a través de la autoridad que corresponda se sirva informar el listado de todas las personas que ingresaron a la Quinta de Olivos en el período que va del 10/12/2015 al 09/12/2020.
Nieto en la causa fue beneficiado con una falta de mérito, esto es que al momento de resolverle la situación no había elementos de prueba como para dictar un procesamiento.
“No debe olvidarse que se trata de hechos de extraordinaria gravedad, los cuales, en rigor de verdad, sólo han sido hasta ahora parcialmente esclarecidos, sin que se pueda descartar que la asociación criminal que se investiga en autos, direccionada desde el Poder Ejecutivo Nacional a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), haya tenido ramificaciones en otros poderes del Estado, dato que tornaría aún más compleja la situación institucional que se ha planteado”, advirtió Beraldi.
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