El director de Asuntos Jurídicos de Santa Rosa, Lucas Decristófano, dijo que está en «diálogo permanente» con el fiscal Leonel Gómez Barbella. Este no apeló la falta de mérito dictada al exintendente Luis Larrañaga y Omar Jubete en la causa por defraudación al estado.
El director de Asuntos Jurídicos, Lucas Decristófano, afirmó que, por ahora, la Municipalidad de Santa Rosa no tiene nuevas pruebas para aportar a la investigación de la denuncia por fraude a la administración pública en la reconstrucción de las cloacas del barrio Butaló I de la capital pampeana. Por su parte, el fiscal Leonel Gómez Barbella no apeló la falta de mérito dictada el pasado 23 de junio por el juez Juan José Baric.
Esa medida benefició al exintendente Luis Larrañaga y al empresario Omar Jubete. También a los ex funcionarios municipales Adolfo Antonio Bruno (inspector), Nicolás Echeverría (director), Daniel Antonio Ucciardello (secretario de Obras Públicas) y el ingeniero de la empresa constructora, Mario Daniel Giandón.
La obra se construyó en 2014. Pero las quejas de los vecinos desembocaron en una denuncia penal de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas porque supuestamente se había ejecutado parcialmente. Las deficiencias provocaron que hace dos años el gobierno provincial la realizara nuevamente. El juez Baric aclaró en la resolución que investiga un delito que implica la voluntad de defraudar al estado pero no fallas constructivas.
«Respetamos la resolución»
“Nosotros somos respetuosos de las instituciones y respetamos la resolución del juez, que estuvo dos años y medio para tomarla”, dijo Decristófano ante la consulta de El Diario. “Cuando entramos en la función, estaba para resolver en el despacho del juez la causa. No tuvimos margen de acción”, aclaró el funcionario del intendente Luciano di Nápoli.
La municipalidad es querellante a partir de que se presentó en la causa durante el primer año de gestión del exintendente Leandro Altolaguirre. La falta de mérito implica que el juez no encontró pruebas para procesar a los acusados y elevar la causa a juicio, aunque tampoco obtuvo certezas para desvincularlos y dictar el sobreseimiento. Por eso, la causa continúa abierta, a la espera de que las partes aporten más pruebas.
En este caso, el juzgado delegó la investigación en la fiscalía, que lleva adelante. Por lo pronto, Gómez Barbella no apeló la falta de mérito dictada por el juez Baric.
“Estamos en contacto con el fiscal. Compartimos criterios. No se apeló porque la falta de mérito no causa estado definitivo. Estamos en diálogo permanente porque nos interesa esclarecer la causa. Vamos a tomar medidas conjuntas”, aseguró el funcionario municipal.
Decristófano estimó que la comuna aportó en su momento la totalidad de la documentación y pruebas relacionadas con la obra. De todos modos, aclaró: “Ni bien tomé contacto con la resolución, la compartí con los funcionarios del área y les solicité que cualquier dato que tengan para aportar, distinto a lo que ya se presentó, lo hagan. Se está haciendo una búsqueda. Por ahora no tenemos actuaciones para agregar”.
El funcionario explicó que «el fiscal tiene la obligación de perseguir el delito. No apelar la falta de mérito no causa estado definitivo. Tiene que presentar más pruebas. Estamos evaluando medidas cada cual por su lado. Yo tengo la orden de perseguir todo estado de sospecha. Y lo voy a hacer. Pero también hay que ser cuidadoso. Este es un delito doloso que requiere la voluntad de querer sustraer dineros públicos”, alertó.
En ese sentido, opinó que “tenemos que aportar si encontramos elementos, pero tiene que ser algo coherente”. “Jamás se me ocurriría aportar algo dudoso, como por ejemplo un informe que después no tenga sustento”, acotó.
Consultado respecto al reclamo del estado nacional para que el municipio de Santa Rosa devuelva fondos por la parte del tramo de la obra pública supuestamente no realizada, Decristófano confirmó que efectivamente existe, aunque no mencionó más detalles.
En cuanto a la sugerencia del juez respecto a que la competencia sobre la causa podría corresponder a la justicia provincial, respondió que no se sentía habilitado para opinar de ese punto, aunque no dejó pasar por alto que, de todos modos, Baric podría haberse declarado incompetente y no lo hizo, sino que tomó una decisión y dictó la falta de mérito.
La denuncia
Cabe recordar que la denuncia la había presentado la Fiscalía de Investigaciones Administrativas hace cuatro años atrás y el exintendente radical, Leandro Altolaguirre, al principio de su gestión, decidió que la comuna actuase como querellante. La concejala del FrePam, Claudia Giorgis, había denunciado públicamente la situación irregular de la obra de cloacas en 2015. Descubrió conexiones que no se hicieron y cañerías que no se cambiaron. Un especialista contratado por el municipio, el ingeniero Néstor Giorgi, había confirmado las deficiencias de la obra.
Sobre el final de la gestión del justicialista Luis Larrañaga –en 2014- se impulsó la refacción de la red cloacal que había colapsado y los derrames y las quejas de los vecinos eran constantes. El gobernador era Oscar Jorge y se consiguió que el gobierno nacional financiara las refacciones. La constructora Jubete realizó muchas obras públicas durante esos años. De hecho, fue la encargada de construir el autódromo provincial.
La empresa Jubete ganó esa licitación por 2,9 millones de pesos. Luego hubo una redeterminación de precios por 300 mil pesos. Poco después del año de entregada la obra, proliferaron los derrames cloacales en calles y patios de viviendas del barrio.
El bloque de concejales del FrePam denunció públicamente las irregularidades. Una auditoría del ENOHSA avaló la existencia de irregularidades cómo que no se realizaron todos los trabajos (por lo que se pagó de más) y que la puesta en marcha sin completar la red provocó daños. Reclamó al municipio la devolución de recursos.
La FIA presentó la denuncia en la justicia provincial. Pero por considerar que el estado nacional fue el afectado –financió la obra-, el fiscal Máximo Paulucci se declaró incompetente y la causa pasó al Juzgado Federal.
Allí fueron llamados a declaración indagatoria todos los imputados. Larrañaga y Jubete se aferraron al silencio. Solo declararon e intentaron deslindar responsabilidades el inspector municipal, Antonio Bruno, y el ingeniero de la empresa, Mario Giandón.
El juez recordó que los derrames y la infiltración de líquido cloacal en el terreno del barrio eran anteriores al inicio de la obra y no hay pericia en la causa que certifique que eso se haya agravado como consecuencia de la obra llevada adelante por Jubete.
Además, mencionó que se hicieron menos conexiones domiciliarias que las previstas en la licitación porque en un tramo no existía red porque allí hay una subestación transformadora de la CPE y líneas que alimentan al barrio. Se dedujeron 82 metros de cañería, una disminución del 2,42% del contrato original, según dijeron Bruno y el ingeniero en sus indagatorias y –dice el juez- fue corroborado.
La falta de mérito
Baric manifestó en su resolución que el 20% de los trabajos no realizados que planteó la denuncia se achicó a un 7% durante la investigación. Y consideró que el inspector municipal, Bruno, y el ingeniero de la empresa, Giandón, fueron los que estuvieron encima de la obra y el intendente, el empresario y los otros funcionarios solo ponían la firma y no tenían conocimiento de lo que sucedía con los trabajos
“Surge además de lo informado por el propio Municipio que sólo tres domicilios no fueron conectados en debida forma y en otros quince debió reemplazarse la cañería vieja de asbesto cemento comprometidos en el contrato y no 20 % que se expresa en el informe del ENOHSA”, advirtió el juez.
“Se desconoce en base a qué documentación u observación el auditor del ENOHSA volcó tal afirmación en su informe pero ella no guarda relación con las pruebas colectadas y en particular el informe de la propia municipalidad, antes citado, lo desmiente”, afirmó.
“En orden a los otros ítems contratados en el pliego, surge del informe del municipio que con posterioridad a la recepción de la obra sólo debió reemplazarse una boca de registro en calle Macachín esquina Ferrando; lo que no representa una falla significativa en relación a la envergadura de la obra en cuestión”, agregó.
“Las condiciones de la obra relativas al reemplazo de las cañerías de la red cloacal y reconexión de los domicilios de los vecinos del Barrio Butaló – cuyas viviendas se encuentran habitadas – y la circunstancia de que no se evidenciaran problemas durante la ejecución de la obra – a medida de que eran reconectadas las viviendas – y durante el plazo de garantía de la obra, da en principio la razón a los imputados Giandon y Bruno el sentido de que la obra fue ejecutada conforme a lo contratado”, afirmó.
Y alertó que si no hubieran sido otras “las consecuencias de un barrio completo de la ciudad, con una importante densidad demográfica, desconectado de la red cloacal durante más de un año”.
En definitiva, estimó que “la afirmación de la acusación en relación a las deficiencias de la obra no ha sido debidamente acreditada hasta el momento” y aclaró que no se puede endilgar “mala práxis” porque los delitos que se aluden no admiten su realización en forma culposa.
Otro elemento que valoró el juez fue que los acusados aportaron planos en los que aparece que la obra abarca una zona que está dentro de un área mayor con problemas en el sistema de cloacas, cuyo mal funcionamiento podrían haber afectado a esa parte del barrio.
“Lo apuntado me impide, de momento, concluir en que respecto de la obra pública involucrada en las presentes actuaciones se hubieren configurado los elementos típicos de los delitos atribuidos por la querella y la acusación pública; debiendo profundizarse la investigación en tal sentido”, redondeó.
Fuente: El Diario
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