Aunque el gobierno de Javier Milei hace de la libertad el supuesto valor rector de su gestión, lo cierto es que frente a las expresiones opositoras suele responder con violencia en las redes, los medios de comunicación tradicionales y hasta en las calles. La encargada de dejar en claro que no van a tolerar voces disidentes este miércoles fue la diputada libertaria Lilia Lemoine.
Al llegar al Congreso de la Nación, la diputada terraplanista la emprendió violentamente contra uno de los docentes que se manifestaba contra el intento del Gobierno de negarles el derecho a huelga.
Rodeada por manifestantes que le reclamaban y abucheaban por las políticas impulsadas desde Casa Rosada, la defensora de la libertad no se bancó la libertad de manifestarse del otro y le pegó un violento manotazo a al celular con el que la estaban grabando.
Educación, servicio esencial
La Cámara de Diputados logró quórum este miércoles para encabezar una nueva sesión y el oficialismo, junto con las fuerzas aliadas, buscará declarar a la educación como un servicio esencial, el cual tendría como principal objetivo la reducción de las huelgas docentes.
La «Ley Fionacchiaro» es el principal proyecto dentro del temario que los legisladores debatirán este miércoles, tras la sesión fallida del pasado de 7 agosto que no logró reunir el quórum necesario.
La sesión fue solicitada por los bloques de La Libertad Avanza y el PRO, y contó con el acuerdo para iniciar el debate por parte de la Unión Cívica Radical y Encuentro Federal. Así, las fuerzas superaron la asistencia necesaria de 129 legisladores para dar inicio a la jornada.
La negativa inicial de los radicales para dar quórum se destrabó luego de que se incorporara al temario los recursos para las universidades nacionales, en medio de un paro universitario en todo el país debido a la falta de fondos y bajos salarios docentes.
La iniciativa legislativa propone que, en caso de declararse paro, el 30% del personal de la escuela deberá permanecer en sus puestos durante los dos primeros días de huelga. De esta manera se busca garantizar la continuidad de las clases incluso en días de manifestación.
En caso de que la medida de fuerza se prolongue por más de dos días, el documento propone un cambio en el porcentaje y este se incrementa al 50%. De esta manera, si bien el proyecto no impide la realización de las protestas, sí estipula reglas estrictas sobre cómo deben llevarse a cabo.
En detalle, uno de los artículos también plantea que, a principio de cada año, los equipos de conducción de las escuelas deberán informar a las autoridades sobre la “nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento” de esta medida.
El documento recoge aportes de otras propuestas similares presentadas por diferentes legisladores y llega al recinto luego de ser aprobada en la Comisión de Educación. La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los diputados del PRO, UCR, CC, LLA, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, pero es rechazado por los diputados de Unión por la Patria y la Izquierda, que consideran que, de aprobarse, afectaría al derecho a huelga.
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