La denuncia del Gobierno por presuntas irregularidades en la contratación de funcionarios para el Ministerio de Capital Humano a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) recayó en el juzgado de Ariel Lijo, propuesto por el Ejecutivo como ministro de la Corte Suprema de Justicia. La carátula, de momento, es «averiguación de delito».
La presentación fue formulada por la subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni. Tras ser sorteada este lunes, quedó registrada con el número 2098/2024 y se asignó al juzgado de Lijo, que trabaja con la fiscalía de Ramiro González.
La denuncia apunta al presunto pago de sobresueldos a través de contrataciones de personal mediante un convenio con la OEI.
Por otra parte, Sandra Pettovello, inició un sumario administrativo sobre el tema y lo giró a la Oficina Anticorrupción.
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