El gobernador Sergio Ziliotto intimó formalmente al Ministerio de Economía de la Nación para que anule una resolución que, según denuncia, se apropia de remanentes de fideicomisos disueltos que pertenecen a las jurisdicciones provinciales. La provincia exige la derogación inmediata de la medida, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales, tanto civiles como penales.
La disputa se centra en la Resolución 1085/25 del Ministerio de Economía, que dispone que los remanentes de varios fideicomisos —compuestos por sumas de dinero, títulos públicos y otros activos— se consideren de libre disponibilidad para el Tesoro Nacional. La Pampa, al igual que el resto de las provincias y la CABA, es beneficiaria directa de estos fondos, que tienen asignaciones específicas para programas y desarrollo territorial.
Un «abuso de autoridad»
Desde el gobierno pampeano, la medida es vista como un «abuso de autoridad que intenta legalizar un desvío de fondos públicos». La intimación, dirigida al ministro Luis Caputo, sostiene que la resolución es nula de nulidad absoluta por haber sido dictada sin la competencia necesaria. Según el texto, el Ministerio excedió las facultades que le otorgó la propia Ley Bases (ley 27.742) y el decreto 695/2024, que lo facultaban a proponer modificaciones, no a definir el destino de fondos que no le pertenecen.
La Pampa argumenta que la extinción de un fideicomiso está reglada por el Código Civil y Comercial, y la resolución nacional no solo quebranta estas normas, sino que también vulnera los principios del federalismo. El gobierno provincial califica la acción como una apropiación ilegal de recursos que genera un «daño trascendental y directo» a las provincias.
Ante este escenario, el gobernador Ziliotto ha dado un ultimátum claro: si la resolución no es derogada, suspendida o eliminada en sus efectos, la provincia dará inicio a las correspondientes acciones legales.
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