En la madrugada del miércoles, Argentina presentó sus argumentos por escrito ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF que están en manos del Estado. “La República Argentina presentó sus escritos de réplica en respuesta a los presentados por los demandantes el 17 de julio”, informó la Procuración del Tesoro, que lidera Santiago Castro Videla, en el marco de los casos Petersen/Eton Park y Bainbridge. Las partes esperan una definición en cuestión de horas, aunque el tribunal no tiene plazos establecidos. En caso de un fallo adverso, el Gobierno aseguró que apelará a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Entre los principales argumentos, el Gobierno sostuvo que:
- “la orden de entrega de las acciones de YPF vulnera la inmunidad de ejecución que protege los bienes de un Estado extranjero”.
- También indicó que “contradice lo dispuesto por la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos, ya que las acciones se encuentran en territorio argentino, no fueron utilizadas para actividades comerciales en EE.UU. ni en la actividad comercial base de la demanda”.
- Además, remarcó que la transferencia “implicaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país”, lo que generaría un daño irreparable.
La defensa nacional pidió mantener en suspenso la transferencia de las acciones mientras se resuelve la apelación sobre la cuestión de fondo: si la expropiación de YPF en 2012 fue irregular y corresponde una indemnización.
Según el fallo de primera instancia firmado por la jueza Loretta Preska, Argentina debería pagar más de 17.500 millones de dólares. Si bien el proceso podría extenderse hasta 2026, la cautelar que impide la entrega de las acciones fue objetada por no haber presentado garantías, motivo por el cual el Gobierno busca ahora evitar su ejecución definitiva.
En el caso Bainbridge, la Procuración del Tesoro argumentó que no existe un perjuicio si se mantiene la suspensión, ya que la ley argentina prohíbe la venta de las acciones sin la aprobación de dos tercios del Congreso. “La legislación argentina garantiza por sí misma el mantenimiento del statu quo”, indicó.
Argentina espera que la Corte de Apelaciones suspenda la entrega de las acciones sin condiciones, lo que permitiría continuar con el proceso de apelación sin exponer al país a sanciones. Una posibilidad intermedia sería que se mantenga la suspensión, pero exigiendo algún tipo de garantía, lo que devolvería el caso al estrado de Preska. El escenario más desfavorable es que el tribunal rechace el pedido y quede firme la entrega de acciones.
El Gobierno anticipó que, en caso de un revés judicial, acudirá a la Corte Suprema de Estados Unidos. “Negociar no es una opción”, remarcaron desde la Procuración.
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