Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA reveló que la inseguridad alimentaria en niñas, niños y adolescentes (NNyA) se profundizó durante 2024, con niveles históricos en hogares con adultos precarizados o sin empleo. El 16% de los menores de 17 años sufrió insuficiencia alimentaria severa, un récord desde 2010 y superior incluso al registrado en pandemia.
Según el estudio, el 51% de los NNyA que viven en hogares con jefes o jefas con empleo precario fueron alcanzados por la inseguridad alimentaria, una proporción que sólo fue superada en 2020. En contraste, los hogares con empleo pleno presentan indicadores significativamente más bajos.
«Son sectores sociales que se han ido empobreciendo. De hecho, lo que se ve también, además de que aumenta la inseguridad alimentaria en los hijos de los trabajadores informales, precarizados o subempleados, es que hay un incremento en las clases medias bajas», señaló Ianina Tuñón, una de las autoras del informe.
El relevamiento, que abarca datos entre 2010 y 2024, indica que el vínculo entre precariedad laboral y déficit alimentario es consistente desde 2018. «Alcanzaron picos de 43% en 2019, 49% en 2020 y 51% en 2024, mostrando que resultan los hogares más afectados en el período reciente», advierte el informe.
Aunque políticas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) cumplen un rol de contención, su alcance es limitado frente a la persistencia de factores estructurales. «El estudio en ese marco es interesante porque revela cuál es el límite que tienen las transferencias de ingresos a la infancia para poder garantizar lo mínimo, como es la alimentación», indicó Tuñón. «Si bien claramente funcionan como protectoras, el componente del empleo aparece con mucha más fuerza como una desventaja».
La definición utilizada por el Observatorio considera que hay inseguridad alimentaria cuando hay «falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para el desarrollo activo y saludable de las personas». El informe distingue niveles: leve (preocupación por la falta de alimentos), moderada (reducción de cantidad o calidad) y severa (privación efectiva de ingesta).
En 2024, el 35% de los NNyA que asisten regularmente a la escuela tampoco logró cubrir sus necesidades nutricionales básicas, cuatro puntos por encima del valor del año anterior. «Tenemos un componente fuerte orientado al pago de servicios que antes no teníamos, con lo cual habría que revisar el cálculo de la canasta básica total», agregó Tuñón.
En paralelo, el informe registró una baja ejecución de las políticas públicas dirigidas a esta población. De las 73 actividades programadas para NNyA bajo la órbita de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, 43 (59%) no registraban ninguna erogación presupuestaria al mes de julio.
Los programas afectados incluyen líneas orientadas al apoyo a hogares en situación de vulnerabilidad social ($2.961 millones), política alimentaria para poblaciones vulnerables ($921 millones) y asistencia para situaciones socio-habitacionales ($50 millones). Ninguno de ellos ejecutó fondos en lo que va del año, según datos del presupuesto abierto.
La única partida con aumento fue la destinada a «Acciones directas de promoción y protección de derechos», que pasó de $375 millones a $447 millones. Sin embargo, tampoco presentó ejecución presupuestaria al séptimo mes del año.
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