En una decisión de fuerte impacto para el sector energético, el Gobierno oficializó el inicio del proceso de privatización total de Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa), según lo establecido en el Decreto publicado recientemente en el Boletín Oficial. La medida forma parte del marco legal de la Ley 27.742, conocida como Ley Bases, y se enmarca en una estrategia más amplia de desestatización de empresas públicas impulsada por el presidente Javier Milei.
La privatización será ejecutada de manera escalonada, mediante la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio que integran Enarsa, garantizando –según el texto oficial– la continuidad de los servicios y obras en curso. Esta etapa inicial contempla la venta del 100% del capital accionario de la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), de la cual Enarsa es titular.
Desde el Gobierno argumentan que la iniciativa busca revertir la ineficiencia de la gestión estatal en áreas que, según expresan, podrían ser más competitivas si estuvieran bajo administración privada. De hecho, el decreto menciona que en 2023 el Estado Nacional destinó más de 1,2 billones de pesos en aportes a Enarsa, sin que se obtuvieran los resultados esperados.
Actualmente, Enarsa posee participación accionaria en diversas compañías vinculadas al transporte y generación de energía, tanto térmica como hidroeléctrica y eólica. Entre ellas se encuentran Termoeléctrica José de San Martín, Vientos de la Patagonia, Hidroeléctrica Alicurá, entre otras, además de un 1% en Nucleoeléctrica Argentina.
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