Mientras el proceso judicial contra el ex legislador Germán Kiczka por «tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil» se acerca a su desenlace, el escenario político de Misiones vuelve a sacudirse con fuerza tras la captura de un joven letrado que forma parte del Foro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El profesional, de 32 años, identificado como Luis Altamirano Marín, está señalado por el mismo delito.
El nombre del abogado aparece mencionado en una investigación que lleva adelante el magistrado federal Ariel Lijo, causa que también involucra al productor de televisión y ex participante de «Gran Hermano», Marcelo Corazza, quien figura entre los procesados.
El operativo tuvo lugar el viernes en la intersección de avenida Libertad y calle Neuquén, en la ciudad de Oberá. Allí, fuerzas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, efectivos de la Policía de Misiones y miembros de Gendarmería irrumpieron en una vivienda. En el lugar arrestaron a Altamirano Marín y confiscaron dos pendrives y un celular, que serán sometidos a peritajes en busca de material audiovisual vinculado a abuso de menores y posibles conversaciones con otros integrantes de la red.
Durante 2023, Altamirano Marín fue elegido prosecretario del Foro. Anteriormente había estado a cargo de la coordinación del área ambiental, en un espacio centrado en promover un porvenir más justo y sustentable.
Cabe recordar que Misiones fue la segunda provincia del país en aprobar una legislación de impulso a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), una propuesta que llegó al recinto por parte del oficialismo.
Desde la administración misionera siguen con suma atención el expediente judicial, por sus semejanzas con el caso que derivó en la caída política de Kiczka en agosto del año pasado. El malestar institucional se incrementa por el hecho de que Altamirano Marín, al igual que otros miembros del Foro, tenía frecuente contacto con jóvenes y adolescentes en actividades educativas relacionadas con la agenda 2030. Trascendió además que el detenido colaboraba profesionalmente con la sección ambiental del municipio obereño.
Otro involucrado en la red: el caso Angelotti Notarbartolo
La detención de Altamirano Marín no es la primera que ordena el juez Lijo en el marco de la causa número 57398/2022, caratulada “Angelotti, Francisco y otros s/corrupción de menores y otros”. En marzo de 2023, fue arrestado en Oberá Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, de 48 años, acusado de captar menores en Misiones y trasladarlos a Buenos Aires para ser entregados a redes pedófilas.
El acusado se había radicado en esa localidad tras evitar ser procesado en una causa por abuso y corrupción de menores en la ciudad de Apóstoles. Curiosamente, Oberá también es la ciudad natal de los hermanos Germán y Sebastián Kiczka.
En esa ciudad, Angelotti abrió una pizzería dedicada exclusivamente al reparto. Para los investigadores, se trataba de una pantalla que ocultaba sus actividades delictivas.
Su cercanía con el poder local era notoria: llegó a integrar el jurado de un certamen de asadores organizado por la Secretaría de Turismo, poco antes de ser capturado.
La pesquisa reveló que Angelotti Notarbartolo reclutaba menores en situación de vulnerabilidad y los llevaba a quintas en General Rodríguez. Les prometía obsequios, indumentaria y paseos como parte del engaño. Desde esos lugares, facilitaba el contacto con abusadores que buscaban niños para explotar sexualmente.
Según trascendió, solía referirse a los chicos con los apodos “gurisito”, “Chiquitín” y “Cachorrito”.
El expediente se originó en octubre de 2022 tras una denuncia de la Protex, basada en el testimonio de una víctima. El caso fue inicialmente tomado por la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, pero luego pasó al fuero federal al confirmarse el delito de trata de personas.
Los abusos se remontan al año 1999 y continuaron durante más de dos décadas, hasta las recientes detenciones de los acusados por asociación ilícita y trata con fines de explotación sexual.
Además de Corazza y Angelotti Notarbartolo, están procesados Ignacio Mermet (45), Fernando Charpenet (53) y Leandro Aguiar (25).
“La prueba colectada nos permite sostener, además, que esas conductas tuvieron su génesis en el año 1999 y continuaron ininterrumpidamente hasta la actualidad, con una fluida rotación y constante incorporación de nuevas víctimas y de algunos victimarios, pero con absoluta coincidencia en su modalidad”, aseguraron en el pedido de elevación a juicio el fiscal Carlos Rívolo y su colega de Protex, Alejandra Mángano.
A partir de los teléfonos móviles y dispositivos tecnológicos secuestrados en los allanamientos, se confirmó que los adultos implicados almacenaban y compartían entre ellos «imágenes de abuso sexual infantil», un hecho que también fue formalmente imputado.
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