El abogado Juan Cruz Goyeneche, defensor del docente Juan Manuel Lavín, condenado por el juez contravencional de General Pico, Maximiliano Boga Doyhenard, a la pena de 90 días-multa (equivalente a 249.930 pesos) por acoso sexual y hostigamiento en perjuicio de dos alumnas de sexto año, salió a cuestionar el accionar de la Justicia luego de que la Corte Suprema de la Nación dejara firme la sentencia al declarar inadmisible un recurso de queja presentado contra ese fallo.
El letrado consideró que el caso, del que informó El Diario en su edición de ayer, es «un síntoma claro del deterioro del sistema judicial en determinadas jurisdicciones del país», al tiempo que cargó contra lo que denominó «una militancia judicial teñida por ideologías de género» y fiscales «movidos por el deseo de protagonismo» que «avanzan sobre personas inocentes sin medir el daño» que provocan.
Goyeneche expresó esos y otros conceptos en una carta dirigida a medios de prensa, titulada «Cuando la Justicia olvida su norte».
«Profunda injusticia»
En esa misiva, el abogado explicó en primer lugar que «escribo con el deber y la convicción de quien no puede, ni debe, callar frente a la profunda injusticia que atraviesa mi defendido, el Sr. Lavín, y que, lamentablemente, no es un caso aislado, sino un síntoma claro del deterioro del sistema judicial en determinadas jurisdicciones del país».
«El proceso contra Lavín ha estado desde sus inicios plagado de ambigüedades, inconsistencias y ausencias probatorias que, en cualquier Estado de Derecho genuino, habrían sido suficientes para declarar su inocencia. Pero no. Aquí se prefirió hacer oídos sordos al principio fundamental que protege a cada ciudadano frente al poder punitivo del Estado: ante la duda, se absuelve. Y lo que es peor, se lo condenó sin que la Corte Suprema de Justicia de la Nación siquiera se dignara a revisar el caso. No rechazó. No confirmó. Simplemente, no le dio tratamiento. El silencio como forma de avalar una injusticia», agregó.
Y continuó: «Mientras tanto, en la justicia provincial donde se originó esta persecución, lo que debería ser imparcialidad y mesura se ha visto reemplazado por una militancia judicial teñida por ideologías de género que, lejos de proteger a todos por igual, ha nublado el verdadero norte de la justicia: ser justa con todos, sin distinción ni prejuicio. Hoy, las decisiones parecen responder más a alineamientos ideológicos que a la aplicación fría y justa del derecho».
«A esto se suman fiscales que, movidos por el deseo de protagonismo y no por la búsqueda de la verdad, avanzan sobre personas inocentes sin medir el daño humano, familiar y social que causan. Y jueces que, en lugar de actuar con coraje y responsabilidad, eligen proteger sus cargos, plegándose al relato de turno», sostuvo luego.
Dijo que «todo este combo -provincias alineadas con estructuras judiciales del pasado, fiscales que buscan notoriedad, jueces temerosos, y una Corte que se ausenta- conforma un sistema que ya no garantiza justicia real, sino escenografía institucional».
«El caso Lavín debería hacernos reflexionar como sociedad: cuando el aparato judicial se convierte en trinchera ideológica, cuando se renuncia al deber de dudar, cuando se condena sin revisar, la justicia deja de ser justicia y se convierte en una herramienta peligrosa en manos equivocadas», señaló finalmente, para cerrar expresando «la esperanza de que la verdad y el sentido común vuelvan a tener lugar en nuestros tribunales».
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