La jueza federal de Nueva York a cargo del caso por la estatización de la mayoría de las acciones de la petrolera YPF, Loretta Preska, ordenó a la Argentina entregar mails, mensajes de WhatsApp y comunicaciones de otras plataformas de una decena de funcionarios y ex funcionarios, incluidos Luis Caputo y Sergio Massa.
La magistrada busca probar que se manipularon los precios de los combustibles en la transacción. La orden salió del tribunal del Segundo Distrito Sur de Nueva York, mismo juzgado que condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la expropiación de acciones que eran del grupo Petersen, de la familia Eskenazi.
Los demandantes, al ver que es muy improbable que el Estado nacional pueda pagar el capital y los intereses, buscan volver a incluir en el caso a YPF y embargar sus activos.
El argumento de Burford es que YPF es «alter ego» del Estado nacional, y que en vez de funcionar estrictamente como lo indica su figura societaria -una Sociedad Anónima (SA) privada- opera en función a los objetivos políticos del gobierno de turno.
Por eso, la jueza Preska pidió las comunicaciones del actual ministro de Economía y de su antecesor, pero también del asesor presidencial Santiago Caputo; el ex viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein; el ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, otro de los laderos del tigrense, y del ex secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, en un hecho inédito.
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