El gobernador Sergio Ziliotto, en el marco de la conmemoración del Día de la Lucha por el Río Atuel, instó a todos los pampeanos y pampeanas a “seguir luchando para que se haga justicia y se termine con décadas de despojo”. Lo hizo en Algarrobo del Aguila, el lugar elegido para la ceremonia que también contó con la presencia del intendente anfitrión, Oscar Gatica, y el titular de la Secretaría de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi.
Durante el discurso que pronunció ante el público presente, el gobernador se refirió al RIGI -Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones- y lo ligó a la causa por los ríos pampeanos, al mencionar que Mendoza, provincia que adhirió a ese marco normativo, permitirá ahora a las mineras “el uso discrecional del agua que también es pampeana”. En ese sentido, sostuvo que la norma dictada por el Gobierno nacional avala “la extranjerización de la explotación de los recursos naturales” y ubica en el orden de prioridades de uso “primero a las mineras, después a Mendoza y por último La Pampa”. “El RIGI es una nueva amenaza a la lucha popular por nuestros ríos”, afirmó.
Desastre ambiental.
El acto se realizó en el Polideportivo local, con un público integrado por estudiantes de todos los niveles, docentes y vecinos de Algarrobo, pero también de Santa Isabel, La Humada y Chos Malal. Ziliotto expresó su satisfacción por estar nuevamente en el oeste profundo: “Han pasado 77 años donde comenzó una lucha que hoy perdura. Los pampeanos sufrimos algo que, en otros ámbitos, fuera de la provincia o del país, no se puede creer. No se conoce en Argentina semejante desastre ambiental, provocado por una decisión unilateral, de claro autoritarismo hídrico por parte de una provincia que le está negando a otra nada más ni nada menos que lo que le pertenece”.
“La historia dice que el Atuel también es pampeano, la Corte Suprema también lo ha dicho más de una vez. Por eso hoy, a 77 años de haber iniciado esta lucha, tenemos que reafirmar la demanda por nuestros derechos, tenemos el compromiso de luchar por los que estamos, por los que pasaron y por los que vendrán”.
“Luchamos para recomponer ambiente y ese es el eje del fallo que ya hace cuatro años dictó la Corte y que incumple la provincia de Mendoza. Pero además de nuestra demanda ambiental, está la lucha por recuperar el rio Atuel para que vuelva a ser el eje de un sistema productivo del oeste pampeano”, sostuvo.
“Nuevo desafío”
Luego dedicó un largo párrafo al RIGI, régimen de inversiones al que los legisladores nacionales del PJ pampeano se opusieron, siguen la línea que bajó el propio Ziliotto, uno de los gobernadores que decidió no adherir en un claro enfrentamiento con la Casa Rosada. “Seguramente han escuchado que el Congreso de la Nación aprobó la Ley Bases; que se debatió acerca de lo que es el RIGI, que es un régimen de incentivo a las grandes inversiones, que a nosotros como provincia autónoma nos hace mucho ruido porque pone en duda nuestra propiedad y disponibilidad de nuestros recursos naturales”, dijo.
“Esas grandes inversiones, en su mayoría empresas extrajeras, se llevan el producto de nuestros recursos naturales dejando muy poco. Hoy han ganado, a partir de esa sanción del Congreso Nacional, más derechos, teniendo prioridad para el uso de los recursos naturales en detrimento de las provincias, que son las que constitucionalmente tienen la propiedad de los recursos naturales y la competencia para fijar leyes de protección del ambiente”, manifestó.
Mencionó que Mendoza está en proceso legislativo de adherir al RIGI, lo que abre la posibilidad de nuevos permisos con menos requisitos para que las empresas mineras exploten los recursos naturales, como el agua. “En eso estaríamos de acuerdo, es su territorio, su autonomía, su Gobierno, pero a su vez están legislando acerca de la utilización de un recurso que también es de los pampeanos, porque el río Atuel también es pampeano”, sostuvo.
De segunda.
“Hoy nosotros y ustedes, los habitantes del oeste pampeano, somos ciudadanos de segunda en el acceso al agua potable, porque primero está Mendoza. Si nosotros no levantamos la voz, si no ponemos en alerta a toda la sociedad, a partir de mañana la prioridad antes que el pueblo de Mendoza la van a tener las mineras. Entonces habremos retrocedido un lugar, porque en el uso del agua tal cual lo dice este nuevo régimen es que primero van a estar las mineras, después Mendoza y por último La Pampa”, añadió.
En ese sentido, llamó a “estar más alerta que nunca, más unidos que nunca, porque la lucha continúa. En esto no nos va a temblar la mano porque nunca nos tembló a los pampeanos, levantar la voz para reclamar por nuestros ríos, especialmente por el Atuel”.
“Tengan la plena seguridad que el Gobierno provincial va a estar a la cabeza de ese reclamo, porque es nuestro río, es de quienes lucharon en el pasado y principalmente es el legado que tenemos obligación de dejarle a las próximas generaciones. Vayamos todos juntos, sigamos luchando por el Atuel, sigamos defendiendo La Pampa”, concluyó.
“Una causa justa”.
El secretario de Recursos Hídricos hizo un pormenorizado repaso de la historia del reclamo por el río Atuel y recalcó que “lamentablemente, este sistema fluvial ha sido profundamente alterado durante más de un siglo por medio del despojo sistemático que hemos sufrido las y los pampeanos de las aguas del río Atuel por parte de la provincia de Mendoza que se fue apropiando progresivamente de dicho río”, hasta secarlo por completo.
Reseñó que el despojo comenzó progresivamente a principios del siglo XX e hizo un racconto de los reclamos que concretó La Pampa en la justicia para llegar a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación establezca un caudal mínimo permanente, de 3,2 milímetros cúbicos por segundo para comenzar a remediar el daño socio ambiental en el noroeste de nuestra provincia.
“Todo demuestra que nuestra causa es justa y nuestra lucha legítima. Las y los pampeanos seguiremos luchando para que se haga justicia, se termine con décadas de despojo y vuelvan a correr de forma continua las aguas del Río Atuel en La Pampa. Nos lo merecemos nosotros, nuestros hijos y debemos hacer por aquellos que habitaron esta tierra y ya no nos acompañan”, concluyó Gobbi.
“Norma inconstitucional”.
Desde el gobierno provincial difundieron un extenso texto donde se explican los fundamentos jurídicos por los cuales el RIGI deja a La Pampa aun más postergada en su reclamo para que el agua del río Atuel vuelva a su cauce en el oeste.
“La adhesión plena por parte de una provincia al RIGI conlleva ceder su autonomía y jurisdicción, a favor del Estado Nacional que decidirá qué, cómo, cuándo y dónde se habilitará en territorio provincial la instalación de un proyecto sobre el cual no se tendrá injerencia ni control. Resulta llamativo y preocupante que de la lectura del articulado no se desprende ni nombra en ningún apartado la cuestión ambiental, desvinculando de este tipo de proyectos el mandato constitucional de utilización racional de los recursos naturales y desarrollo económico y social sustentable”, explica.
Todo ello en virtud del artículo 165 de la Ley Bases -27742- que establece textualmente: “Sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título por parte de la Nación como las provincias, por sí y por sus municipios, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación.”
Una primera alarma es que al estar incluido como “cláusula del progreso” bien podría la Nación ir más allá e igualmente avasallar la normativa local, aun independientemente de su adhesión.
Surgen dudas fundamentadas ya que llamativamente la referencia explícita a dicha cláusula del progreso -textualmente la ubica “en el marco del artículo 75, inciso 18 de la Constitución Nacional”- mucho tiene que ver con objetivo del Gobierno Nacional de limitar las competencias provinciales, especialmente en materia tributaria, de recursos naturales y/o ambientales. Efectivamente, excluye toda protección del ambiente y de los recursos naturales. Se le otorga la Nación la disposición de los recursos vulnerando la autonomía y titularidad de las provincias.
Con respecto al alcance de dicha cláusula del progreso, no puede soslayarse que la Corte Suprema tiene dicho que las provincias pueden ejercer las atribuciones concurrentes en materia de poder de policía de bienestar, salvo que el ejercicio de una atribución local dificulte o impide el cumplimiento de los propósitos contenidos en la normativa nacional.
No menos sorprendente es la incorporación, también al final del artículo 165, del texto “… y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación” en referencia una normativa provincial que se oponga al RIGI. Aquí no sólo se determina la prevalencia de la normativa nacional sino también, y más preocupante, constituye una grave intromisión en las competencias y en las decisiones de otro poder constitucional, indicándole cuándo debe intervenir y cómo debe fallar.
Por su parte, en el artículo 224 se invita a la Provincias a adherir al RIGI. en todos sus términos y condiciones, lo que implica ceder autonomía provincial en términos legales, políticos y ambientales. Además de los beneficios impositivos y cambiarios nacionales, el RIGI implica que toda política de protección ambiental conquistada sea considerada nula. Ante situaciones de escasez, las empresas adheridas podrían tener prioridad en el uso del agua o la energía por sobre las necesidades de los particulares o de la sociedad.
“Surge entonces la duda si el RIGI no significa lisa y llanamente la cesión de propiedad de los recursos naturales de las provincias con la consecuente pérdida del poder de contralor. Estaríamos ante una norma claramente inconstitucional”, concluye.
Más aspectos negativos.
En el Centro Cívico sostienen que el RIGI tendrá un efecto negativo sobre la histórica lucha de La Pampa en defensa de sus recursos hídricos. En ese sentido, mencionaron que el régimen implica un retroceso en la autonomía de las provincias, avanzando en la consolidación de un Estado unitario donde el poder se acumula en el Estado nacional.
“Prueba de ello es que tiene mandatos claramente inconstitucionales habida cuenta que establecen la nulidad de cualquier norma provincial o municipal que limite, restrinja, vulnere, obstaculice o lo desvirtúe, lo que indefectiblemente recorta potestades que por imperio de la Constitución son de las provincias”, plantearon.
“La adhesión de la provincia de Mendoza al régimen habilita la instalación de emprendimientos sobre las márgenes del rio Atuel (en territorio mendocino) que podrían utilizar discrecionalmente agua que también es de La Pampa sin ningún tipo de control provincial”, alertaron.
“El RIGI implica directamente la entrega de los recursos naturales a capitales extranjeros sin ningún límite, ni protección a los habitantes de las provincias. Las autorizaciones de uso no están condicionadas a ningún permiso ambiental previo, sino a una variable monetaria que decidirá arbitrariamente el Estado Nacional”, explicaron.
Consideraron que las facultades que el RIGI otorga implican que los capitales extranjeros explotarán los recursos naturales de las provincias sin ningún límite, ni protección a los habitantes de las provincias.
LaArena
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