El Gobierno continúa con la reglamentación de los distintos puntos de la Ley Bases, aprobada a finales de junio y promulgada hace un mes. Este lunes avanzó con las reformas en la obra pública y el Régimen de Iniciativa Privada, además de plazos fijos, concesiones y licitaciones.
A través del Decreto 713/2024, publicado en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y de Economía, Luis Caputo, se reglamentaron los capítulos I, «Fuerza mayor en los contratos vigentes y acuerdos transaccionales»; y II, «Concesiones» del Título III; además del Régimen de Iniciativa Privada.
«Las referidas modificaciones tienen como propósito brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones que se requieren al igual que incentivar la presentación de iniciativas privadas para el desarrollo de infraestructuras públicas», expresa el texto.
En la reglamentación se define la posibilidad del Gobierno de renegociar o rescindir los contratos de obra pública, de concesión, construcción o provisión de bienes y servicios y sus contratos, amparándose en ciertos criterios u objetivos que no se hubieran cumplido con la empresa a cargo de la obra hasta el 10 de diciembre de 2023. Sin embargo, detalla que quedarán exentas aquellas obras que hayan alcanzado el 80% de la ejecución del contrato, dado que sería “financieramente inconveniente” para el Estado darla de baja.
A comienzos de agosto, a menos de un mes de su promulgación, se había reglamentado el primer tramo de la Ley Bases, vinculado a la reforma del Estado y la delegación de facultades para Javier Milei: nuevos procesos administrativos, normas relacionadas al empleo público y, sobre todo, las privatizaciones.
«Hacen a la desburocratización del Estado», había explicado el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en diálogo con radio Mitre, sobre el decreto 695/2024, publicado este lunes en el BO. Según reza el texto publicado, «el Poder Ejecutivo podrá disponer la reestructuración de los órganos u organismos de la administración central o descentralizada».
En esa línea, se avanza con las privatizaciones: el Ejecutivo podrá intervenir en las empresas públicas y disponer la «fusión, escisión, reorganización, reconformación o transferencia a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires». También se autorizó a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos.
De esta manera, se la da al Ejecutivo una serie de facultades que entre otras cosas le permitirán avanzar en una reforma del Estado y renegociar o rescindir contratos de obras públicas, entre otras funciones, sin pasar por el Congreso aunque si deberá informar de manera mensual las acciones realizadas con las facultades delegadas.
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