La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una nueva jornada nacional de lucha para el miércoles en distintas ciudades del país, incluida una protesta frente al Congreso, en rechazo al mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que firmó el presidente Javier Milei en diciembre de 2023.
En una publicación en su cuenta de la red social X (ex Twitter), el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió por la situación social: «La Argentina es una bomba de tiempo que en cualquier momento va a estallar. En el segundo semestre los niveles de conflictividad van a aumentar, la desocupación va a volver a convertirse en un drama social en la Argentina y camino a la Navidad, la paz social estará gravemente afectada. Será muy difícil llegar a diciembre».
En tal sentido, marcó la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores estatales. «Tenemos que lograr que se anule el DNU y sea declarado inconstitucional porque impacta de manera negativa en todos los aspectos de nuestras vidas. En el sector público despiden, cierran organismos y destruyen nuestros ingresos. Los estatales hemos perdido desde el mes de enero más de 21 puntos en relación a la evolución de los precios», marcó.
«El nivel de agresividad y virulencia que estamos viviendo no tiene precedentes. Este Gobierno por sus formas es violento. Sin dudas, es el Gobierno más autoritario de la democracia. Este autoritarismo no se va a sostener durante mucho tiempo con los niveles de pobreza en aumento. Va a ser muy difícil llegar a diciembre», enfatizó en esta línea.
La lista de reclamos de ATE incluye la «anulación del DNU 70/23; urgente reincorporación de todas las y los cesanteados; cese inmediato de los despidos, del cierre de organismos y de la eliminación de las políticas públicas; aumento de salarios y jubilaciones que superen la inflación; regularización de todos los vínculos contractuales y pase a planta permanente de todas las y los trabajadores; y el cese de las políticas de ajuste, miseria y hambre».
En este marco, también reclamó por el «rechazo a cualquier privatización de empresas públicas; defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y de todas las y los trabajadores jubilados; y anulación del protocolo anti-movilizaciones».
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