A fines de mayo pasado, Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Isidro decidió suspender el juicio que debía comenzar el 4 de junio por el presunto homicidio con dolo eventual del exfutbolista Diego Armando Maradona y puso como nueva fecha el 1° de octubre. Ahora, a partir de una serie de nuevos planteos formulados por la fiscalía y algunas defensas, todo indica que tampoco empezará ese día y que el debate oral recién podría darse en 2025.
El conflicto central es si habrá un solo juicio con un tribunal colegiado de tres jueces que se encargue de juzgar al neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y a los otros seis profesionales de la salud imputados -como quiere el equipo de fiscales de San Isidro que investigó la causa-, o si se hacen dos debates orales, luego de que la defensa de la enfermera Dahiana Gisela Madrid lograra que ella sea sometida a un juicio por jurados, por separado.
Además de los tres ya mencionados, los otros acusados son el psicólogo Carlos Ángel Diaz, la médica de la prepaga Nancy Edith Forlini, el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni, el enfermero Ricardo Omar Almirón y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna.
La Sala III de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, en un fallo por mayoría, fue la que a principios de mayo pasado le dio la razón al abogado de Madrid, Rodolfo Baqué, para que ella, amparándose en un derecho constitucional, vaya a un debate con un jurado popular, donde el defensor cree que la enfermera podría tener mejores chances de una absolución.
Ante esa decisión, el fiscal general de San Isidro, John Broyad, presentó una apelación ante el Tribunal de Casación bonaerense, en la que insiste en que la defensa de la enfermera debió haber pedido el juicio por jurados en una etapa previa del proceso, en 2023, cuando se elevó la causa a juicio oral, y donde plantea que la realización de dos debates separados va en contra del principio de la economía procesal y atenta, además, contra la teoría del caso de los fiscales, que a cada uno de los ocho acusados le asigna un rol en el desenlace muerte del astro del fútbol.
Hace pocos días, la propia Cámara de Apelaciones rechazó el planteo del fiscal general, pero ahora Broyad presentó un “recurso de queja” para que directamente la Sala II de la Casación bonaerense defina la cuestión.
“La imputada y su defensa pudieron formular los planteos vinculados a la modalidad de juzgamiento en la oportunidad pertinente, es decir, cuanto menos al momento de la elevación de la causa a juicio por haber tomado conocimiento en ese momento que el caso sería enviado -con respecto a todos los consortes- a un Tribunal colegiado, puesto que lo contrario, implicaría, en la práctica, garantizar el indebido beneficio de elegir la modalidad de juzgamiento de acuerdo a la estrategia de la parte”, sostuvo Broyad en su apelación, a la que accedió C5N.
En otro párrafo, el jefe de los fiscales de San Isidro, cuestionó la posibilidad de que haya dos juicios. “No puede desconocerse que escindir los procesos también atentaría contra el derecho de los imputados a ser juzgados en un plazo razonable ya que importaría sortear un nuevo Tribunal y seleccionar el jurado en relación a Madrid, lo cual además conllevaría que la totalidad de los testigos, peritos y querellas deban comparecer a más de un debate con el dispendio que ello implica; e incluso podría ocasionar que se produzcan resoluciones contradictorias, lo que obviamente también resultaría violatorio de la seguridad jurídica”, opinó.
Fuentes judiciales revelaron a C5N que por más que Casación resuelva este planteo antes del 1° de octubre, podría haber más instancias de apelación de la defensa o la fiscalía, que volverían a demorar una definición y, por lo tanto, el TOC 3 de San Isidro, integrado por los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, se verá obligado a posponer el juicio para 2025.
Investigación por la orina de Maradona
Otra instancia que se desprendió del expediente principal, es una denuncia formulada por el abogado de Luque, Julio Rivas, sobre la posibilidad de que se haya incurrido en el presunto delito de “sustracción o destrucción de prueba”, con la orina de Maradona que, tras a autopsia, llegó a los laboratorios de La Plata para ser analizada para los estudios toxicológicos.
El defensor del exmédico de cabecera del 10, planteó que en la autopsia se extrajeron 300 centímetros cúbicos de orina y a La Plata llegaron dos tubos con 12 mililitros cada uno, o sea, 24 en total.
El abogado sostuvo que se perdieron 276 mililitros y además afirmó en su denuncia que lo recomendable para ese estudio -que dio negativo en alcohol y drogas ilegales-, era que se periten muestras de al menos 50 centímetros cúbicos.
Esta causa quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 15 de La Plata, a cargo de la fiscal María Cecilia Corfield, bajo el número de IPP 06-00-028615-24/00.
La opinión de un abogado defensor
El abogado Vadim Mischanchuk, quien encabeza la defensa de la psiquiatra Cosachov, aseguró que tampoco cree que el juicio pueda hacerse este año.
“Ahora hay que esperar y ver que resuelve la Cámara de Casación frente a la queja interpuesta por los fiscales. Todo esto, sumado a la causa que se abrió por la denuncia penal para que se investigue qué pasó con el resto de la orina de Maradona que no llegó al laboratorio, nos lleva a sostener que hasta que no se terminen todos los planteos y estemos en condiciones de que el juicio se haga respetando todos los protocolos y garantías, tendremos que esperar para su inicio”, dijo Mischanchuk a C5N
Y agregó: “Ello, sin dejar de mencionar que las irregularidades que se cometen en la tramitación de un proceso atentan lamentablemente contra la búsqueda de la verdad real y objetiva que es el fin de un juicio penal”.
La muerte de Maradona
Maradona, una de las mayores figuras de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años de un edema pulmonar y una falla cardíaca el 25 de noviembre de 2020 en una casa del barrio privado San Andrés, del partido bonaerense de Tigre, donde transitaba una internación domiciliaria por su adicción al alcohol y luego de haber sido sometido a una neurocirugía.
Los fiscales de San Isidro que investigaron el caso, Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra, llegaron a la conclusión de que los ocho imputados «fueron protagonistas de una internación domiciliaria sin precedentes, plenamente deficiente y temeraria”.
Una de las claves de la acusación fueron las conclusiones a las que arribó la junta médica de peritos que sostuvo que Maradona era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de morir, que «no estaba en pleno uso de sus facultades mentales» y que pudo haber tenido «más chances de sobrevida» si hubiera estado en una clínica.
La junta afirmó que «el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado, manteniendo las omisiones perjudiciales precedentemente apuntadas, abandonando ‘a la suerte’ el estado de salud del paciente».
Por ello, los fiscales imputaron a los ocho acusados por “homicidio simple con dolo eventual”, delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel.
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