La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, creó una sección especial en su cartera denominada Unidad de Pruebas de Polígrafo para la utilización del «detector de mentiras» con integrantes de las fuerzas policiales y de seguridad federales que deseen integrar determinados grupos y equipos o cumplir determinadas funciones». La medida ya se había implementado en 2018 y fue dada de baja en 2020.
La decisión se implementó a través de la Resolución 402/2024, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que expresa la necesidad de «incorporar herramientas para la adecuada implementación de un modelo de control de integridad para las fuerzas policiales y de seguridad, especialmente las que cumplen funciones que conllevan una exigencia de alto riesgo y confiabilidad».
El texto considera que «la detección psicofisiológica del engaño (también denominada ‘prueba de polígrafo’) reúne las características pertinentes para ello, ya que es una de las técnicas de evaluación forense de credibilidad que cuenta con trayectoria empírica e investigativa verificable».
Detector de mentiras polígrafo
Télam
Además, remarca que los polígrafos computarizados son usados actualmente por agencias gubernamentales como «el U.S. Secret Service, F.B.I., C.I.A., D.E.A., Policías Locales, Fiscalías, entre otros, así como por gabinetes privados de investigación».
Así, el Ministerio creó la Unidad de Pruebas de Polígrafo, dependiente de la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad, y los informes proporcionados serán considerados como un elemento más de convicción en los procesos de ingreso en esos sectores, que «demandan un superlativo nivel de confianza hacia sus integrantes, debido a la sensibilidad de sus respectivas misiones».
El detector de mentiras en las fuerzas de seguridad había sido prohibido en 2020
Bullrich había creado la Unidad de Pruebas de Polígrafo en 2018, cuando comandaba la cartera de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri. En 2020, su sucesora en la administración de Alberto Fernández, Sabina Frederic, derogó la medida.
La idea de la gestión de Juntos por el Cambio era utilizar el sistema en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y las fuerzas de seguridad. Sin embargo, con el cambio de gobierno, la interventora de la ex-SIDE, Cristina Caamaño, denunció situaciones de «coacción» tras haberse realizado unas 2.500 sesiones.
Ante esto, en abril de 2020 se prohibió la utilización del detector de mentiras. «Los Estados con tradiciones y sistemas jurídicos análogos a nuestro país descartan su utilización, por considerarlos lesivos de derechos y garantías individuales y por trasuntar una forma de cosificar a la persona humana, contraria a su dignidad», se argumentó entonces.
«La inviabilidad jurídica de admitir la validez de este presunto medio de prueba también se proyecta al ámbito administrativo», agregó la resolución de derogación.
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