En la madrugada del lunes 6 de mayo, Justo Fernando Barrientos arrojó una bomba molotov dentro de la habitación que compartían dos parejas de lesbianas: Pamela Cobbas, Mercedes Roxana Figueroa, Andrea Amarante y Sofía Castro Riglos. Las tres primeras murieron; la cuarta se encuentra internada con graves quemaduras. El agresor se autolesionó antes de ser detenido.
Vecinos del hotel familiar donde vivían las víctimas, ubicado en el barrio porteño de Barracas, revelaron que el hombre ya había atacado en varias oportunidades al grupo de mujeres, a las que llamaba «engendros» por su orientación sexual. El ataque fue catalogado como un crimen de odio por el Ministerio de la Mujer de la Provincia de Buenos Aires y por la Federación Argentina LGBT+.
Más de 500 personas marcharon el lunes pasado para reclamar justicia y denunciar que se trató de un triple lesbicidio. «No fue un hecho cualquiera. Fue un acto de odio hacia las lesbianas. El crimen ocurrió en un contexto de extrema precariedad de la vida, donde las cuatro vivían hacinadas en una habitación, y donde diariamente las identidades LGTBQI+ somos foco del aumento de la violencia», expresó el colectivo Autoconvocades Lesbianes por Barracas.
«No tenemos un relevamiento de los discursos de odio todavía, pero es evidente que han aumentado. Se escuchan en los medios, de parte de funcionarios públicos, discursos absolutamente discriminatorios y violentos hacia la diversidad», señaló a C5N.com la titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo porteña, María Rachid.
«Esos discursos vienen en muchos casos desde funcionarios del gobierno de Javier Milei, del propio Presidente o de integrantes y allegados a La Libertad Avanza. Eso promueve y legitima otros discursos de odio y hechos de violencia y discriminación», agregó. Este miércoles, integrantes de la Federación Argentina LGBT+ y otras organizaciones se reunieron con diputados nacionales para reclamar políticas públicas para ese colectivo. Todos coincidieron en «la gravedad de la proliferación de los discursos de odio, avalados por funcionarios del Gobierno nacional».
«Las políticas para contrarrestar esos discursos, prevenir la violencia y la discriminación, así como los organismos que las llevaban adelante, están siendo desmantelados por el gobierno de Milei. El INADI, las agencias y medios públicos que difunden otras voces que deconstruyen prejuicios y el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades están siendo destruidos por el actual Gobierno nacional. No hay política y no hay presupuesto», denunció Rachid.
Según el último informe del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+, durante 2023 se registraron en Argentina 133 crímenes de odio donde se usaron como pretexto la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de las víctimas. Un 68% de esos casos fueron asesinatos, muertes por violencia estructural y suicidios.
El Gobierno nacional no reconoció al triple lesbicidio de Barracas como un crimen de odio. El vocero presidencial, Manuel Adorni, repudió el hecho cuando fue consultado durante su conferencia de prensa; sin embargo, se negó a «definirlo como un atentado a determinado colectivo». «Me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo y hay muchas mujeres y hombres que la sufren», argumentó.
La discriminación y los discursos detrás de los crímenes de odio
Desde Amnistía Internacional Argentina señalaron que «hay una relación muy estrecha, un hilo que se entreteje entre el incremento y proliferación de discursos de odio y discriminación hacia las personas LGBTI+ y la violencia física que excede el marco de lo discursivo» ya que «los discursos de odio generan un caldo de cultivo que habilita las agresiones». También reclamaron una «investigación exhaustiva y con perspectiva de género» en el caso del triple lesbicidio de Barracas.
«Organismos internacionales de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertan que cuando ocurren crímenes contra las personas LGBTI+ con frecuencia están precedidos de un contexto de elevada deshumanización y discriminación», explicó a este medio la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.
En esa línea, recordó que «el crimen de odio en Barracas sucedió días después de declaraciones públicas muy preocupantes» por parte del biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, «en donde se vuelve a patologizar la diversidad sexual, a deshumanizar a las personas LGBTI+ por su orientación sexual o su identidad o expresión de género y que desconocen todas las conquistas en materia de derechos de los últimos años».
Belski remarcó que «nos enfrentamos a una escalada de discursos de odio. Aunque no es un fenómeno nuevo, se está produciendo una intensificación y sofisticación de grupos que reaccionan de forma crítica y violenta ante la expansión de los derechos de las mujeres y de la diversidad. En la actualidad, estas narrativas encuentran apoyo y habilitación en el Gobierno electo».
«Desde que asumió el actual Gobierno nacional advertimos, sobre todo en redes sociales, discursos de odio, intolerancia y discriminación que funcionan como un vehículo para instalar una idea de confrontación y deshumanización del otro. Además, cuando la violencia proviene de las máximas autoridades de un país, la asimetría es mayor y se potencian los efectos peligrosos y dañinos de los discursos de odio», advirtió.
Deja tu comentario!