Un informe de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior y de la Comisión de Economía Heterodoxa – Observatorio Universitario de Economía FCEyJ UNLPam advierte que el proyecto nacional reafirma la concentración y mata el federalismo.
La implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que es parte de la Ley Bases que motoriza el gobierno nacional pone a la industria nacional y pampeana en peligro, genera más concentración económica y menos federalismo.
Así concluye un trabajo conjunto de la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior y de la Comisión de Economía Heterodoxa – Observatorio Universitario de Economía FCEyJ UNLPam.
En conjunto al DNU 70/2023, la reforma y tratamiento de la modificada Ley de Bases -y con media sanción desde el 30 de abril del corriente- tiene como objetivo una reforma estructural – liberal del estado argentino, particularmente, de la economía nacional, advierte el análisis.
Acompañada de otras reformas, la Ley de Bases busca aprobar un nuevo Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), con múltiples beneficios impositivos y arancelarios para grandes corporaciones que inviertan más de U$S 200 millones, «dejando en desigualdad competitiva a la casi totalidad de la industria nacional y al 100% de las empresas pampeanas por 30 años», indica el estudio.
«Ventajas competitivas»
El informe indica que «en líneas generales, las ventajas competitivas» que se le otorgan en perjuicio de las PYMES son:
1) reducción de la alícuota de impuesto a las ganancias del 35% del régimen general al 25% para corporaciones adheridas al RIGI;
2) posibilidad de pago total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) con crédito fiscal;
3) exención a las percepciones de IVA y ganancias;
4) exención al pago de tasa estadística; impuesto país y derechos de importación;
5) posibilidad de utilizar el impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta del impuesto a las ganancias;
6) eximición de pago de derechos de exportación luego del tercer año y/o segundo año en caso de ser exportación estratégica (en caso de exportar más de U$S 1.000 millones al año);
7) beneficio de amortización acelerada para las inversiones;
8) las ganancias derivadas de dividendos, utilidades y remesas tienen una alícuota de 7%, luego de 7 años de adhesión y 3 años desde el cierre del ejercicio fiscal que se realizaron las utilidades serán 3,5%
9) libre disponibilidad de divisas y exención de obligación de liquidar al BCRA.
Una discriminación a las pymes
El análisis no duda: «La implementación de este régimen discrimina a nuestras PyMES, da ventajas a sectores y corporaciones que no las necesitan, direcciona recursos a una primarización extractivista de la estructura económica y social de nuestro país, no promueve procesos de agregado de valor y desarrollo de nuevas oportunidades laborales».
«Específicamente, los beneficios del régimen dejan fuera de competencia a las PYMEs provinciales ante la imposibilidad de acceso a inversiones mayores a los U$S 200 millones.y avanza de forma agresiva sobre la soberanía de las provincias; perjudicando el desarrollo económico de nuestro país».
«La industria pampeana está en peligro: Las desventajas impositivas de las grandes corporaciones las dejarán fuera de los mercados domésticos, la industria, en particular la de alimentos (carnes, granos, aceites, etc) y el comercio corren riesgo de ser absorbidos o destruidos por las grandes corporaciones internacionales transformándose, en el mejor de los casos, en sucursales o subsidiarias de estas», insiste.
Advierte: «Si bien la ley no especifica ningún sector, lo cual representa una amenaza para todo el espectro productivo, los beneficios estarían destinados -en un primer momento- a la explotación de recursos naturales de las industrias de petróleo, gas, minería y agro. En este sentido, la adhesión al régimen habilita a destinar el total de la producción al mercado externo, profundizando la asimetría entre los precios de tarifas energéticas y los ingresos de las PyMEs; aún en contextos de crisis o guerras».
«Además, atenta contra la soberanía económica de las provincias consagrada en nuestra constitución respecto de las decisiones de política fiscal tributaria y de administración de sus recursos naturales», añade el análisis.
Indica que «la pérdida de soberanía jurídica se completa con la delegación del poder judicial al fuero internacional más amigable con los intereses corporativos internacionales (el CIADI), relegando la autoridad de uno de los tres poderes de nuestro país».
«Finalizado el RIGI, La Pampa se quedará sin sus recursos naturales, sin industria propia, sin PyMEs comerciales y con un gobierno provincial desfinanciado. Esto traerá aparejado un deterioro en los niveles de ingreso de la población pampeana, graves problemas de empleo y una drástica caída en la accesibilidad a los servicios esenciales como salud, educación y alimentos», completa la mirada sobre el proyecto de Javier Milei.
Remarca que «todos estos resultados van en contra de los motivos esenciales que justifican la existencia» de estos regímenes:
1) la generación de nuevas actividades económicas que se consideren estratégicas y requieran condiciones especiales por un tiempo razonable (entre 5 y 10 años) para su consolidación,
2) los incentivos generales para la ampliación de la inversión en actividades existentes,
3) todo ello en el marco del objetivo central de cualquier política pública que es el desarrollo sostenible y con equidad social de la comunidad.
«Existe otro camino de desarrollo y consolidación de las grandes inversiones dentro del territorio nacional y provincial. En particular, resulta apropiado mencionar -en rasgos generales- los aportes de la Ley de Incentivos Fiscales1 de la provincia de La Pampa para la radicación de inversiones dentro de los límites provinciales», señalan los organismos que hacen el estudio.
Concluyen: «Mediante políticas económicas destinadas a impulsar el sector privado en la provincia, esta normativa busca incentivar las inversiones con beneficios apoyados en 3 pilares: 1) reducir la presión fiscal para los contribuyentes cumplidores que aumenten sus inversiones para crecer, 2) el desarrollo de nuevas actividades productivas, que diversifiquen la producción y aumenten el empleo sin atentar contra la sostenibilidad de otras PyMEs que ya apostaron por argentina y 3) con un beneficio asociado a la generación de empleo para garantizar el impacto en el resto de comunidad a través de la creación de puestos genuinos de trabajo».
ElDiarioDeLaPampa
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